Representantes de tres centenares de ONG se concentraron hoy ante el Ministerio de Sanidad para denunciar que el Gobierno no ha cumplido su promesa de garantizar por ley el derecho a la atención sanitaria, en igualdad de condiciones, de cualquier persona que viva en España. Es más, aseguraron que tienen pruebas documentales de que los servicios sanitarios españoles han rechazado atender en el último año a muchos cientos de inmigrantes irregulares, entre los que había embarazadas, menores y pacientes con enfermedades muy graves.

Estas organizaciones, agrupadas en la plataforma Reder, reconocen que la situación ha mejorado bastante desde que hace tres años el Gobierno de Pedro Sánchez revocó la exclusión de atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles acordada en 2012 por el Ejecutivo del PP que dejó desatendidos a más de medio millón de ciudadanos, pero señalan que sigue siendo «intolerable» que haya personas en España excluidas de los centros de salud y hospitales y exige a PSOE y Unidas Podemos que cumplan «de una vez por todas» con su promesa de devolver la sanidad universal sin matices.

Los datos aportados por Médicos del Mundo, una de las organizaciones que lidera Reder junto a La Federación de Defensa de la Sanidad Pública o la Sociedad de Medicina de Familia, indican que más de 1.500 inmigrantes irregulares han sido rechazados en centros médicos españoles desde el comienzo de la pandemia por estar inmersos en procesos de reagrupación familiar o por no haber podido acreditar que llevan en España un mínimo de 90 días, como exige la ley para que tengan derecho a la asistencia sanitaria. Esta cifra, aclaran, no es más que un parte de un drama aún mayor, pues muchos extranjeros, por miedo o falta de información, ni siquiera acuden a las ONG para pedir ayuda cuando son excluidos.

Médicos del Mundo, que junto al resto de la plataforma ha puesto en marcha la campaña de denuncia ‘Sanidad sin peros’, detalla que entre estos cientos y cientos de extranjeros desatendidos tienen identificadas a 44 embarazadas y a 90 niños y adolescentes, y que entre las personas ignoradas por la sanidad española que pueden certificar hay enfermos de cáncer, ciudadanos con patologías cardiovasculares, con hipertensión, con VIH y con problemas o trastornos de salud mental.

Sin vacunar
Los portavoces de Reder han constatado que estos miles de excluidos de la atención sanitaria también han quedado fuera del proceso de vacunación contra el coronavirus, salvo en algunas comunidades autónomas que han desarrollado planes específicos, lo que a su vez les convierte en un peligro para sí mismos y para el resto de las personas de su entorno familiar, personal y laboral.

Las oenegés exigen al Gobierno que cumple los compromisos incluidos en su propio acuerdo de legislatura y termine con la «máxima urgencia» con las trabas burocráticas y administrativas que impiden el acceso libre e igual de cualquier residente en España a la sanidad pública. Consideran que, para lograrlo, hace falta una reforma legal que termine con las diferencias entre españoles, extranjeros con permiso de residencia e inmigrantes sin papeles y con la exigencia de los 90 días de estancia en España para generar el derecho a la asistencia. Piensan que la intención de permanencia en el país se puede acreditar por otros medios que no les dejen desatendidos. También piden que tengan derecho a la asistencia los ascendientes que lleguen en los procesos de reagrupación familiar y que se les garantice el derecho a la prestación farmacéutica, que debería ser gratuita en casos de especial vulnerabilidad.