La presión sobre Canarias con respecto a los menores no acompañados es cada vez mayor. Las islas cuentan actualmente con 2.725 tutelados, según el último dato del cierre de abril de la Consejería de Derechos Sociales, lo que supone un incremento del 18,4% en el primer cuatrimestre del año, a pesar de los intentos del Gobierno regional por que otras comunidades autónomas asuman su corresponsabilidad.

De hecho, las derivaciones hacia otros territorios apenas alcanzan el 3,7% del total. Hasta ahora, del compromiso alcanzado con algunos territorios a nivel nacional, que han prometido asumir la tutela de 200 menores, solo han sido trasladados 101 de ellos: 18 a Castilla y León, 25 a Extremadura, 15 a Navarra y 43 a Cataluña. Unas cifras que todos los sectores reconocen como «insuficientes», lo que ha llevado al portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, a exigir esta semana una ley que obligue a un reparto equitativo «al margen de la solidaridad».

Las imágenes de pateras y cayucos con niños y niñas cada vez más pequeños lleva tiempo preocupando a las instituciones, que han visto también un notable ascenso con respecto al 2020. Los agentes al frente de la Consejería de Interior en Marruecos ya han alertado de la presencia habitual en las embarcaciones de entre cuatro y seis menores, tanto acompañados como no acompañados, y los últimos datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) indican que alrededor de un 30% de los africanos que llegan de forma irregular a nuestras costas no han cumplido la mayoría de edad. Un porcentaje que, advierten, podría seguir creciendo, lo que agravará aún más el problema de la atención a los menores.

Alrededor de una veintena que no alcanzan los seis años han sido acogidos en hogares canarios

CEAR también critica que el Estado siga sin un plan adecuado para dar respuesta a esta situación, a pesar de contar con antecedentes cercanos. La crisis de los cayucos de 2006 fue la primera llamada de atención sobre las deficiencias del modelo de atención, pero apenas en 2018 la llegada de más de 7.000 menores extranjeros colapsaron los servicios de Andalucía, Ceuta y Melilla, principales puertas de entrada. La historia ahora se repite con Canarias, que cuenta con una treintena de recursos de emergencia. En concreto, el Gobierno gestiona 29, en los que se encuentran 2.198 menores, mientras que los cabildos supervisan el resto. La mayoría se distribuyen en Gran Canaria, donde están establecidos 19 de ellos, incluyendo tres complejos de apartamentos turísticos en Mogán donde se está dando atención a 366 menas. El resto se reparte entre Tenerife (9) y Fuerteventura (2).

Al margen de estos datos se encuentran los menores que llegan acompañados por algún familiar, cuya responsabilidad recae en el Estado. Actualmente, los menores permanecen juntos con quienes dicen ser sus familiares a la espera de las pruebas de ADN, después de que a finales del pasado año se corrigiera el protocolo que separaba a madres e hijos con el objetivo de prevenir casos de sustracción de menores y trata de seres humanos. Un proceso que, además, se alargaba debido a la centralización de los test en Madrid y los retrasos como consecuencia de la pandemia. La fiscal de Extranjería de la provincia de Las Palmas, Teseida García, indicó en su momento que se había producido una «mala interpretación» de la normativa, que recoge que lo primero que hay que hacer es identificar la persona que les acompaña.

Las pruebas de edad detectan 205 adultos
Las pruebas de edad detectan 205 adultos
INGRID ORTIZ VIERA
En este sentido, según la dirección general de Protección a la Infancia, la mayoría de niños y niñas de corta edad suelen llegar supervisados. De hecho, cifran en alrededor de una veintena aquellos menores tutelados por el Gobierno de Canarias que apenas alcanzan los seis años en todo el archipiélago. En este tipo de casos, el procedimiento establece que en lugar de derivarlos a los centros se les asigne una familia de acogida, salvo que vengan junto a algún hermano adolescente y se decida mantenerlos juntos. En concreto, actualmente hay tres menores migrantes acogidos por familias en Gran Canaria, y otros seis en proceso, mientras que existen 14 en Tenerife, la mitad ya acogidos y la otra mitad aun en proceso.

Se inicia, entonces, una investigación para intentar contactar con posibles familiares en Europa que puedan reclamarlos o hacerse cargo de ellos y, en caso contrario, pasarían a darse de alta en el sistema de adopción.

En estos momentos, indican desde la dirección general, hay 195 familias dentro del programa de acogimiento de familia extensa, que incluye la asistencia de menores migrantes, y que se ha incrementado en un 28,5% respecto al año anterior. Durante 2020, un total de 221 fueron acogidos en el marco de este programa, 56 más que en 2019.