Un juez de Las Palmas de Gran Canaria ha dictaminado que un migrante que “acredite su identidad con pasaporte” o con una “solicitud de protección internacional” (asilo) puede viajar a la Península desde las islas siempre que cumpla con las restricciones sanitarias anticovid, y que la policía no puede impedírselo. Se trata de la primera resolución judicial contra el bloqueo que, de facto, está reteniendo en Canarias a miles de migrantes llegados al archipiélago.

En un auto hecho público este miércoles, el magistrado Ángel Teba, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, ordena a la Jefatura Superior de Policía que deje volar a un migrante que intentó tomar un avión de Gran Canaria a Barcelona el 11 de diciembre de 2020 y fue detenido junto a otras 21 personas en el aeropuerto. El motivo, recoge la resolución, es que sobre esas personas pesaba “una resolución de devolución en vigor, a fin de, bien proceder a su devolución en el plazo de 72 horas, bien solicitar el internamiento en CIE”. Pero la Subdelegación del Gobierno, prosigue el juez, ha sido “incapaz de ejecutar” estas órdenes de devolución o internamiento.

Desde que se intensificó el repunte de llegadas en las islas a mediados del año pasado, el Gobierno, apoyado por la UE, ha aplicado distintas estrategias que en la práctica han supuesto el bloqueo de miles de migrantes en Canarias. Las personas con perfiles más vulnerables han sido trasladadas muy puntualmente a la Península. Y, a partir de diciembre, con el marco legal de garantizar las restricciones sanitarias, la policía ha cerrado puertos y aeropuertos a los migrantes que podrían haberse marchado con sus pasaportes en vigor, medida que no se da en otros aeropuertos de España. Tanto los migrantes como diversas ONG o el Defensor del Pueblo han denunciado esa política de confinar a los migrantes en las islas mientras se tramita su expulsión.

El juez alude en su auto a la respuesta que dio el Ministerio del Interior a una pregunta parlamentaria del senador y expresidente de Canarias Fernando Clavijo para conocer las instrucciones que tenía la policía de impedir que los migrantes vuelen a la Península. Según dijo Interior en esa respuesta, cuando un extranjero entra irregularmente en España queda sujeto a un procedimiento de devolución durante el cual se procede a su detención por un plazo de 72 horas; si transcurrido ese plazo el migrante no ha podido ser devuelto, “queda en libertad”.

Así, en opinión del magistrado, la postura de la Subdelegación del Gobierno al evitar el vuelo de aquel migrante en diciembre “no es que sea contraria a la legislación vigente, es que es opuesta al propio criterio del Ministerio del Interior que consta por escrito y en sede parlamentaria nada menos”.

Fuentes de la Delegación del Gobierno se limitaron a asegurar este miércoles que “no hay restricciones a la movilidad de las personas, migrantes o no, salvo aquellas derivadas de las medidas impuestas” frente a la covid.