Las pruebas detectan 90 adultos en los centros canarios de acogida de menores

Derechos Sociales estima que esta cifra alcance los 600 a medida que avancen los exámenes para determinar la edad

Canarias 7, , 14-04-2021

El Gobierno canario se vio obligado a principios de febrero a gestionar con la Fiscalía, la Policía, Sanidad y el Instituto de Medicina Legal una reordenación de las 2.016 pruebas de edad pendientes para dar prioridad a 300 casos en los que consideraban que había una evidencia clara de que los migrantes acogidos superaban los 25 años. Ese atasco en el proceso se ha traducido por una parte, en la desprotección de los menores, que todavía conviven con adultos en los centros de acogida y, por otra, en una ocupación ilícita por parte de estas personas de las plazas disponibles en los recursos gestionados por el Ejecutivo regional, ya sobrepasados.

Dos meses después, las pruebas continúan a paso lento al tiempo que Canarias experimenta un nuevo repunte de pateras. En Gran Canaria, donde estaba principalmente el embudo, se han agilizado de forma notable, según apuntan desde la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno canario. En febrero, la Fiscalía de Extranjería determinó la mayoría de edad de 54 personas (26 en Tenerife y 28 en Gran Canaria) que estaban en los centros de menores y eran adultos, mientras que el pasado mes se realizaron 36 decretos de mayoría de edad. A falta de los datos de la primera quincena de abril, en total, 90 personas adultas ya han sido detectadas, si bien el cálculo de la dirección general de Protección a la Infancia, estima que la cifra de los jóvenes inmigrantes acogidos que han superado los 18 años alcanzaría aproximadamente a unos 600.

A cuentagotas avanza también el proceso de derivaciones de menores a otros territorios de la península. Desde que comenzaron el pasado 10 de marzo, Canarias ha dado traslado a 58 menores de los 2.600 de los que dispone la tutela en la actualidad. 32 fueron derivados hasta el mes pasado: 10 a Castilla y León, 14 a Extremadura y 8 a Navarra mientras que, en los últimos días, lo han sido otros 26: 7 menores a Navarra, 11 a Extremadura y hoy mismo, 8 a Castilla y León. Es decir, en un mes se habría hecho efectivo el 29% de las plazas acordadas para la acogida de los menores en el marco de la solidaridad interterritorial con las distintas regiones del conjunto peninsular, que se han comprometido a hacerse cargo de la tutela de 200 jóvenes.

Sin embargo, desde el Gobierno ya han manifestado que estos números no son suficientes, y la propia consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, exigió tras la sesión plenaria del Foro Canario de Inmigración el pasado lunes una ley que obligue a un reparto «responsable» de los menores inmigrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas, con el objetivo de que el peso no recaiga solo en los territorios receptores. «Canarias está dispuesta a asumir su cuota pero no podemos dejar el problema en manos de la voluntad de las comunidades autónomas», manifestó. Asimismo, apuntó que desde el Ejecutivo regional se harían esfuerzos para dar respuesta a la presencia de adultos en los centros de menores (y viceversa) mediante mejoras en la filiación de los inmigrantes a su llegada a las costas. La estrategia pasaría por regular la presencia de entidades sociales especializadas en el trato con menores a pie de puerto, ya que el Gobierno siempre depende del resultado de las pruebas óseas.

Por su parte, diversas ONG han denunciado la «inacción» de las autoridades competentes en especial de la Fiscalía, para proteger a los menores de edad en los centros, aun cuando hay «signos evidentes» de que no han cumplido la mayoría. A ello se suma la creciente preocupación de las instituciones por el incremento de la presencia de niños y niñas en las pateras que han llegado a las costas canarias durante este año. Una cifra que durante el primer trimestre de 2021 ha aumentado en un 4%.

«Escrivá está usando Canarias como si fuera su cortijo»
La concejala no adscrita del Ayunamiento capitalino, Carmen Guerra, ha criticado las declaraciones del ministro José Luis Escrivá, quien aseguró que en los centros de acogida se cumplen los estándares humanitarios. «Está usando Canarias como si fuera su cortijo, un trastero donde abandonar los asuntos que no quiere atender», se quejó y lamentó la falta de apoyos de todos los partidos a una moción presentada junto a la edila Beatriz Correas para que no se abrieran más centros.

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