En España fueron a juicio en tres meses 4.752 casos, y un 78% de los hombres tuvieron condena Es un claro reflejo del fenómeno de la inmigración, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y la evidencia apunta que el 44% de las mujeres que interpusieron denuncia por malos tratos en los juzgados de Barcelona son extranjeras. En cuanto a los presuntos agresores, más de la mitad, el 52%, son de otras nacionalidades.

Los datos los ha recogido el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, y se refieren a los asuntos que han ingresado en los tres juzgados de violencia doméstica de Barcelona desde que entraron en funcionamiento, en junio de 2005.

Fueron 520 mujeres españolas las que denunciaron una situación de maltrato, contra 408 de otras nacionalidades, y 528 los imputados españoles, contra 497 extranjeros.

Otros datos interesantes que recoge la estadística del Consejo General del Poder Judicial apuntan a que el porcentaje de casos en que la violencia se desencadena es mucho más elevado entre parejas y matrimonios que aún conviven que no en las relaciones ya rotas. Así, 554 casos registrados en los tres juzgados de violencia doméstica de Barcelona fueron entre cónyuges o bien parejas. En 376 casos, por contra, la afectividad que mantenían perjudicada y denunciado era de ex cónyuges o ex parejas.

La presidenta del Observatorio y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Montserrat Comas, valoró ayer la implantación de los juzgados de Violencia de género durante la inauguración del III Seminario sobre la materia, que se celebra estos días en Barcelona.

Las jornadas coinciden con el primer aniversario de la creación de los juzgados de violencia sobre la mujer como consecuencia directa de la aprobación en el Parlamento de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004.

En toda España, en estos tres meses, han sido enjuiciadas 4.752 personas, de las que 4.641 eran hombres que resultaron condenados en un 78 % de los casos. De las 81 mujeres enjuiciadas, fueron condenadas un 75 . En Cataluña fueron juzgadas 558 personas, todas hombres, que resultaron condenados en un 68,6 %. En el mismo tiempo se produjeron 844 quebrantamientos de condena.

Respecto a las órdenes de protección, se solicitaron 8.857, un 1,3 % más que en el anterior trimestre. Los juzgados de violencia sobre la mujer, tanto los exclusivos como los que son compatibles, acordaron un total de 6.668 – 1.163 en Cataluña – y denegaron 1.858 – que fueron 389 en Cataluña.

Durante su intervención, Comas lamentó la muerte de las 23 mujeres que han sido asesinadas entre enero y marzo de este año por sus parejas o ex parejas como consecuencia de esa «lacra social» que es la violencia de género, «primera causa de muerte dolosa en España». De ellas, 21 no habían solicitado ninguna orden de protección y el 75 no llegó a denunciar a su agresor.

En la misma línea se expresó la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), María Eugenia Alegret, que apuntó que no se han conseguido disminuir ni las muertes ni el hecho de que muchas víctimas del maltrato retiren finalmente las denuncias, por lo que se debe hacer un mayor esfuerzo en educación e información a las afectadas y dotar, además, de más recursos a los juzgados.

Alegret destacó, según la agencia Efe, que en los juzgados de Cataluña, sobre todo aquellos de fuera de Barcelona como Sabadell, Mataró, Granollers y Tarragona que no son exclusivos sino que juzgan todo tipo de delitos, «ha habido retrasos y suspensiones por exceso de trabajo» por lo que se deberían crear guardias en los exclusivos y dotar de más recursos a los demás juzgados, ha reclamado.

De hecho, la presidenta del TSJC apostó por que los delitos de violencia de género los acaben tramitando sólo juzgados exclusivamente dedicados a este asunto ya que, según dijo, con la ley vigente resulta difícil mejorar el servicio de los juzgados compartidos.

Por su parte, el conseller de Justícia Josep Maria Vallès, planteó que, para mejorar la asistencia, los legisladores deberían practicar lo que ha definido como «legislación a prueba», es decir, hacer una serie de experimentaciones para calcular los recursos necesarios y prevenir las consecuencias antes de hacer la ley pertinente.