Amnistía Internacional ha detectado hasta 24 obstáculos con los que se encuentran las mujeres víctimas de violencia de género para defender sus derechos. Cuando se cumple un año de la plena entrada en vigor de la Ley de Protección Integral, AI ha elaborado un informe en el que denuncia la falta de medidas eficaces para la detección precoz de la violencia de género en el ámbito sanitario, las dificultades de acceso a recursos de calidad del conjunto de las víctimas, la ausencia de formación obligatoria para el conjunto de los profesionales que están en contacto con las víctimas de violencia , y el escaso impacto de los juzgados especializados en la eliminación de los obstáculos que se encontraban las mujeres con anterioridad a la nueva normativa.

Amnistía Internacional analiza en su informe los cambios en la respuesta del Estado a la violencia de género desde la entrada en vigor de la ley, en un año en el que se recogen las peores cifras de mujeres asesinadas desde 1999: a 31 de mayo 32 mujeres han muerto a manos de sus parejas o ex parejas. «Las mujeres siguen recibiendo diferente atención según la Comunidad Autónoma en la que vivan, y hay colectivos de que siguen siendo discriminados en el acceso a la asistencia, la protección o la justicia», denunció hoy Esteban Beltrán, Director de Amnistía Internacional en España.

Cada año son más las mujeres que denuncian. En 2005 fueron 73.109, de las que 47.616 obtuvieron «orden de protección». Sin embargo, en el 22,7 % de los casos esta orden fue denegada.

Mujeres inmigrantes

El documento destaca la situación de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género en situación irregular, ya que cuando denuncian corren el riesgo de acabar con una orden de expulsión si no logran obtener una orden de protección y una sentencia que condene a su agresor.

También señala que pesar de los compromisos adquiridos con la Ley Integral, la violencia contra las mujeres no parece ser un problema prioritario en el ámbito sanitario: no está incluida en los indicadores de salud de la población ni en el actual borrador de Estrategia de Salud Mental.

AI constata que las medidas y recursos de asistencia a las víctimas continúan siendo insuficientes y desigualmente repartidos. Las mujeres inmigrantes en situación irregular están excluidas de las ayudas previstas en la ley. Por último, el estudio señala que a los pocos meses de la puesta en marcha de los juzgados de violencia sobre la mujer la sobrecarga de trabajo es uno de los principales obstáculos, unido a la deficitaria formación para el personal de los órganos judiciales especializados.