Amnistía Internacional (AI) ha detectado hasta 24 obstáculos con los que se encuentran las mujeres víctimas de violencia de género para defender sus derechos. Cuando se cumple un año de la plena entrada en vigor de la Ley de Protección Integral, AI ha elaborado un informe en el que denuncia la falta de medidas eficaces para la detección precoz de la violencia de género en el ámbito sanitario, las dificultades de acceso a recursos de calidad del conjunto de las víctimas, la ausencia de formación obligatoria para el conjunto de los profesionales que están en contacto con las víctimas de violencia , y el escaso impacto de los juzgados especializados en la eliminación de los obstáculos que se encontraban las mujeres con anterioridad a la nueva normativa.


“Las mujeres siguen recibiendo diferente atención según la Comunidad Autónoma en la que vivan, y hay colectivos de que siguen siendo discriminados en el acceso a la asistencia, la protección o la justicia”, denunció ayer Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.


El documento destaca la situación de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género en situación irregular, ya que cuando denuncian corren el riesgo de acabar con una orden de expulsión si no logran obtener una orden de protección y una sentencia que condene a su agresor.


También señala que pesar de los compromisos adquiridos con la Ley Integral, la violencia contra las mujeres no parece ser un problema prioritario en el ámbito sanitario: no está incluida en los indicadores de salud de la población ni en el actual borrador de Estrategia de Salud Mental. “Sectores clave, como los servicios de urgencia de hospitales, los de atención primaria, o los de salud mental siguen sin estar preparados para la detección precoz de la violencia ”.


El estudio señala que a los pocos meses de la puesta en marcha de los juzgados de violencia sobre la mujer la sobrecarga de trabajo es uno de los principales obstáculos.