Crece la cifra de muertes un año después de la entrada en vigor de la ley de Violencia de Género

Diario de Navarra, 29-06-2006

Un año después de aprobarse la ley de Violencia de Género, las víctimas siguen encontrando prácticamente los mismos obstáculos que antes para obtener ayuda y protección, denuncia un informe de la sección española de Amnistía Internacional divulgado ayer. Según el informe, en 2006 está siendo el año con más muertes de este tipo desde 1999. Un año después de aprobarse la ley de Violencia de Género, las víctimas siguen encontrando prácticamente los mismos obstáculos que antes para obtener ayuda y protección, denuncia un informe de la sección española de Amnistía Internacional divulgado ayer. Según el informe, en 2006 está siendo el año con más muertes de este tipo desde 1999.

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Durante la presentación de España: más derechos, los mismos obstáculos, que analiza la puesta en marcha de la ley, el director de la sección española de Amnistía, Esteban Beltrán, criticó que su entrada en vigor (hace hoy un año) «no sólo» no haya eliminado esta violencia sino que en lo transcurrido de 2006 ha habido «el mayor número de fallecidas desde 1999, en total 33 (hasta el 31 de mayo)».

Evaluó, por otro lado, de modo positivo la puesta en marcha de los juzgados especializados de violencia de género, que empezaron a operar el 29 de junio de 2005, porque han permitido «mejorar la respuesta judicial» a las víctimas.

En los últimos siete años y medio han muerto por esta misma causa 457 mujeres, según los datos de Amnistía, que ha hecho este último informe con testimonios de víctimas, profesionales y organizaciones que trabajan con estas mujeres en ocho comunidades autónomas.

Tras denunciar que la violencia de género «ha perdido el concepto de prioridad pública», Beltrán añadió que el informe detecta varios obstáculos «importantes» que las mujeres víctimas sufren en el día a día, alguno de ellos por «la falta de voluntad política» y otros por una «política deliberada». Entre los «elementos deliberados» citó la «discriminación» hacia las inmigrantes irregulares – que «no tienen derecho» a las ayudas económicas y si denuncian maltrato la Policía investiga su situación administrativa – ; y la «imposibilidad de que la víctima o su familia consiga una reparación».

Por otra parte, la secretaria de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, avanzó ayer que el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, constituido ayer planteará «nuevas estrategias» en la lucha contra la violencia doméstica y prestará mucha atención a la sensibilización y al concepto de autonomía e independencia.




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