LOS juzgados de violencia de género de las tres capitales de Euskadi inician siete procedimientos cada día, cuatro de los cuales se tramitan en Bilbao. Éste es el balance en cifras del primer año de batalla judicial contra las agresiones sexistas, que se cumple hoy. A la capital vizcaína, que será reforzada con otro juez en diciembre próximo, le siguen en carga de trabajo Vitoria, con casi dos casos diarios, y San Sebastián, con uno. Barakaldo e Irún registran un volumen de expedientes parecido al de la capital guipuzcoana, pero en ambas poblaciones se ocupan de ellos sendos jueces de instrucción.

Al cumplirse un año desde la plena entrada en vigor de la Ley Orgánica de medidas de Protección Integral ante la Violencia de Género, persisten todavía la ausencia de medidas eficaces para la detección precoz de la violencia de género en el ámbito sanitario, las dificultades de acceso a recursos de calidad del conjunto de las víctimas, la falta de formación obligatoria para el conjunto de los profesionales que están en contacto con las víctimas de violencia , y el limitado impacto de los juzgados especializados en la eliminación de obstáculos que se encontraban las mujeres con anterioridad a la promulgación de la nueva Ley. No obstante, también es cierto que más allá de esta situación, que exige seguir redoblando esfuerzos para mejorarla, se debe valorar como un avance significativamente positivo la entrada en vigor de Ley Integral para la mejora de la protección de los derechos de las mujeres ante la violencia de género, porque ha impulsado a diferentes comunidades autónomas a establecer legislación al respecto y ha puesto también en marcha organismos institucionales como la Delegación Especial del Gobierno sobre Violencia contra las Mujeres, los Juzgados especializados y la propia Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer.

Las medidas de protección y los recursos de asistencia a las víctimas continúan aún siendo insuficientes y están desigualmente repartidos, aunque hayan mejorado y estén en condiciones de seguir haciéndolo de manera progresiva en el futuro. Sin embargo, no existe todavía un centro de apoyo integral en todas las comunidades autónomas y las mujeres inmigrantes en situación irregular permanecen excluidas de las ayudas previstas en la Ley Integral. Además, un problema esencial que necesita ser también corregido radica en el hecho de que las víctimas de violencia de género siguen sin contar con un cauce ágil y apropiado para acceder a una reparación justa y adecuada del daño padecido. En definitiva, la atención a las víctimas ha mejorado, pero queda por delante un amplio trayecto por recorrer.