Un estudio de Amnistía Internacional (AI) que recoge testimonios de víctimas de la violencia de género, así como de profesionales y organizaciones de mujeres, considera que la ley integral sobre el maltrato sexista tiene «carencias» que deben corregirse. El informe, presentado ayer en Vitoria, critica la falta de recursos asistenciales y reclama una formación obligatoria para las personas que están en contacto con las afectadas. Y también sostiene que los juzgados especializados han tenido un impacto escaso a la hora de eliminar las barreras que encontraban las víctimas antes de la reforma legislativa.

AI puso como ejemplo la falta de asistencia letrada gratuita en colegios de abogados como los andaluces y los «de Vitoria y Madrid». También recordó que provincias como Álava, Ciudad Real o Valencia todavía carecen de unidades forenses para evaluar a las víctimas.

El informe de AI se titula ‘España: más derechos, mismos obstáculos’ y se centra en ocho comunidades autónomas, incluida la vasca. La presentación corrió a cargo de Toni Villén, miembro de la delegación alavesa, y de Mari Mar Fernández de Gamarra, responsable de los grupos de apoyo psicosocial (Aizan), que subrayaron las lagunas de la ley integral aprobada por el Gobierno de Zapatero.

Amnistía Internacional ha identificado 24 problemas que encuentran las afectadas por los malos tratos y se muestra preocupada porque, a su juicio, falta un enfoque humano. La organización advierte, por ejemplo, de que no existe un centro de apoyo integral en cada comunidad autónoma, tal y como exige la ley. Ahora mismo, se utilizan pensiones y hostales para albergar a las mujeres en situación de emergencia. Esta situación se agrava cuando son inmigrantes porque «están excluidas de las ayudas económicas», dirigidas a las personas que han conseguido una orden de protección.

«Problema sanitario»

El informe reclama que la violencia de género sea reconocida como un «problema prioritario» de la Sanidad y pide también más recursos para los juzgados, pues les faltan medios «para garantizar la intimidad». Igualmente, solicita una reparación justa para las víctimas y ofrece cuarenta recomendaciones para comprobar el cumplimiento de la legislación. Entre ellas, figura que todas las mujeres drogodependientes, enfermas mentales o con hijos mayores de 12 años puedan acceder a recursos especializados.