Gobierno y CGPJ están satisfechos del primer año de funcionamiento de los juzgados especializados, pero reconocen «algunos problemas» como la imposibilidad de tener un fiscal o un abogado todo el día MADRID. – Un año después de que a la Ley contra la Violencia de Género le saliera el diente que le faltaba – los juzgados especializados – , la criatura anda de tropezón en tropezón. Hasta 28 piedras ha encontrado Amnistía Internacional en el camino de las víctimas, obstáculos sanitarios, policiales, preventivos y hasta judiciales. Al otro lado del cristal, el Gobierno habla de «mejora en la respuesta» a las perdedoras de la violencia machista .

En el primer aniversario de la plena entrada en vigor de la ley, nadie objeta su necesidad, casi 50.000 órdenes de protección al año. Los entusiastas resaltan la creación de 20 juzgados especializados y de 400 mixtos – compatibilizan violencia de género con otros asuntos – y la apertura de otros nueve especializados… mañana mismo. «Se está dando una respuesta judicial mejor y más eficaz, aunque en algunos juzgados mixtos no hay posibilidad de tener un fiscal o un abogado de oficio todo el día. Aun así, hemos acabado con la sensación de impunidad de hace unos años», decía ayer a Efe Montserrat Comas, presidenta del Observatorio de la Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial.

La jueza daba datos de maquinaria engrasada: «Siete de cada 10 víctimas cuentan con un abogado para denunciar un maltrato. Las otras tres no lo desean o creen necesario. Hace dos años, el 80% de las víctimas afrontaba el proceso en solitario».

También el Gobierno se felicita por la ley, aunque sea haciéndose fotos. Por ejemplo, la de todas las caras del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, que se constituyó ayer para vigilar qué se hace y levantar la voz para decir lo que se debe hacer. «Vamos a proponer nuevas estrategias. Por ejemplo, trabajar mucho en el concepto de la independencia y la autonomía de la mujer, porque estamos viendo una constante rehabilitación del agresor por parte de la mujer para salvar la relación», avanzaba Soledad Murillo, secretaria de Políticas de Igualdad.

Incluso los críticos aprueban la ley. Pese a toparse con esos 28 peros en la asistencia a las víctimas, Amnistía Internacional (AI) «valora positivamente» aquel texto aprobado en las Cortes por unanimidad después de años de diatribas políticas. El mismo título del informe que AI presentó ayer lo clama todo: Más derechos, los mismos obstáculos.

Durante un año, esta ONG entrevistó a mujeres que sufren a hombres y preguntó a profesionales que trabajan contra esa lacra. El resultado son 74 páginas de exploración, denuncia y propuestas para dar eficacia a una ley con buena letra.

Agujero negro sanitario.

La violencia machista no está incluida en los indicadores de salud ni en el borrador de Estrategia de Salud Mental. Servicios como Urgencias o Atención Primaria no están preparados para detectar este tipo de violencia . Un ejemplo: la formación para el personal es voluntaria y fuera del horario laboral.

Asistencia insuficiente.

Aún no existe un centro de apoyo integral en todas las comunidades autónomas. Se siguen utilizando pensiones para albergar a mujeres en situación de emergencia. Las mujeres sin papeles que sufren malos tratos están siendo excluidas de ayudas como la mensualidad para víctimas con orden de protección.

Y, peor aún, esta ONG denuncia en su documento que sigue en vigor la instrucción policial emitida en 2005 que obliga a los agentes a tramitar una orden de expulsión si una mujer inmigrante sin regularizar denuncia una agresión pero no obtiene una orden de protección y una sentencia que condene a su agresor. Esa nota interna de la Policía fue denunciada por este periódico hace más de un año, pero no se ha retirado, según Amnistía Internacional, que pide al Gobierno que lo haga.

Pocos policías, menos abogados.

Las unidades policiales especializadas son todavía muy escasas y no existen programas de formación específica.

En Madrid, Vitoria y toda Andalucía no se han desarrollado servicios de atención a víctimas en comisaría, por lo que las mujeres no cuentan con asistencia letrada al interponer una denuncia.

Sobrecarga en los juzgados.

Los juzgados especializados en violencia de género sólo hurgan en la superficie del drama (en el 77% de los casos se tratan las lesiones puntuales de la víctima) sin abordar el historial previo de violencias. Provincias como Alava, Ciudad Real, Valencia o Madrid no cuentan con una unidad de valoración forense que evalúe las lesiones de las mujeres que han padecido malos tratos.

Víctimas sin reparación.

No existe un cauce ágil para acceder a una reparación justa, una laguna legal que Amnistía Internacional denunció en su día sin mucho éxito posterior.