El senador de Coalición Canaria Fernando Clavijo ha solicitado la comparecencia «urgente» del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para exponga los detalles de su «devastador informe» sobre la crisis migratoria en las islas.

El pasado martes, Fernández Marugán entregó a las Cortes Generales un informe monográfico sobre la migración en Canarias, en el que describe las irregularidades que apreció en sus diferentes visitas a los centros de acogida de inmigrantes en las islas y las quejas que ha recibido, para concluir advirtiendo de que el archipiélago «no pude convertirse en un lugar de privación de derechos».

En un comunicado, el expresidente de Canarias subraya que el informe del Defensor del Pueblo contiene aspectos que ya había sido denunciados por las ONG y algunos inmigrantes.

Clavijo considera que, aunque el informe ya esté formalmente en las Cortes, «debe ser analizado pormenorizadamente por la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo».

Al mismo tiempo, critica que el Gobierno de España «siga haciendo caso omiso a las advertencias que tanto fuerzas políticas como distintas ONG y asociaciones y, ahora, el Defensor del Pueblo, hacen sobre un fenómeno que ha pasado a ser un drama humanitario estructural para el archipiélago y un asunto que no tiene salida, al menos, desde la inoperancia y el abandono al que el Estado tiene sometido a las islas».

«Es fundamental avanzar para corregir la situación que hay en Canarias», señala el senador nacionalista, que no percibe que exista hasta ahora «el mínimo atisbo de voluntad política del Gobierno de España para hacerse cargo de una situación que no puede seguir soportando sola Canarias».

Clavijo subraya que su partido ya había denunciado «por activa y por pasiva» que los campamentos habilitados en Canarias por el Estado para la acogida de inmigrantes «no reúnen las condiciones para una acogida digna», así como «las deficiencias para la detección de menores».

También, añade, «la ausencia de protocolos para determinar los casos de especial vulnerabilidad que puede haber entre estas personas con el fin de darles la protección necesaria o la política de no derivaciones a península impuesta por España».