Buenos Aires, 5 mar (EFE). – El Gobierno de Argentina derogó este viernes un cuestionado decreto firmado en 2017 por el entonces presidente Mauricio Macri (2015 – 2019) y por el que se había restringido el ingreso y la permanencia en el país de extranjeros.

El decreto de derogación, que lleva la firma del presidente argentino, Alberto Fernández, y fue publicado este viernes en el Boletín Oficial, alegó que las medidas migratorias adoptadas por el anterior gobierno “resultan irreconciliables con la Constitución nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos”.

En enero de 2017, Macri había firmado un decreto que modificó la ley migratoria con el fin de acelerar los procesos de deportación y prohibía el ingreso al país de extranjeros acusados de cometer delitos graves.

Aquella medida fue muy cuestionada por varias organizaciones de derechos humanos.

En la resolución publicada este viernes, el Gobierno de Fernández señaló que en las modificaciones introducidas por Macri se observan aspectos como “la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal y la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa”.

También se observa “la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”.

El Gobierno de Fernández recordó que esos cambios derivaron en un aumento de los litigios contra el Estado y que hubo resoluciones judiciales que declararon inconstitucional el decreto de Macri.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las organizaciones que accionó legalmente en contra de aquel decreto, dijo este viernes en un comunicado que la decisión adoptada por Fernández es “fundamental” para garantizar los derechos de las personas migrantes en Argentina.

También permite, según el CELS, que el país vuelva a afirmar “sin contradicciones” los principios de la Ley de Migraciones y de su reglamento, como el derecho a migrar, a la regularización migratoria, la no discriminación, la no criminalización de la migración y al debido proceso en todos los trámites y procedimientos migratorios.

La organización recordó que el decreto de Macri habilitó un procedimiento de detención y deportación “exprés” de las personas migrantes sometidas a cualquier tipo de proceso judicial de carácter penal, condenadas o no.

Esto implicó, entre otras cosas, que se separara a madres de sus hijos y que a “miles de personas” se las sometiera a una inminente expulsión.

“Incluso estaban alcanzados por esta norma todas aquellas personas extranjeras que tuviesen residencia definitiva en Argentina, sin importar los años de residencia, su arraigo y vínculos sociales”, apuntó el CELS.

También se autorizó mediante aquel decreto la expulsión de quienes hubieran cometido faltas administrativas en el trámite migratorio como, por ejemplo, no haber acreditado el ingreso al país por un lugar habilitado.

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