Los abogados en primera línea de asistencia a las personas migrantes siguen con mirada incrédula ante el «caos» administrativo del Ministerio del Interior. El informe publicado este miércoles por el Defensor del Pueblo, en el que aborda varios frentes abiertos como la presencia de menores no acompañados en los campamentos o la libre circulación de los solicitantes de asilo, vino a refrendar las quejas y denuncias que habían presentado ya desde el año pasado. «Me alegra de que haya señalado de nuevo todos estos asuntos, pero creo que hay que empezar a abrir el capítulo de las responsabilidades», indica Daniel Arencibia, abogado del secretariado de migraciones de la Diócesis de Canarias. «Si a quienes les pagamos para que tutelen los derechos de estas personas no son capaces de ver que se están vulnerando y no cumplen la ley, tenemos un problema».

El informe pone el foco, también, en una clara deficiencia en la asistencia letrada. Una visión compartida por los propios profesionales, que se ven sobrepasados por la cantidad de casos que deben supervisar. David Melián, abogado en el campamento de Las Raíces, resalta que la asistencia que se les da es «de calidad», pero la media diaria está muy por encima de lo normal, lo que les obliga a aumentar las horas de trabajo. El principal problema, apunta, se produce en el momento de las llegadas, donde se carece de intérpretes que hablen ciertos dialectos, se ocasionan dificultades en las notificaciones a la policía o se redactan acuerdos de devolución que no están firmados. «Todo esto genera una gran indefensión, porque la gente no está informada de cuál es su situación actual ni a qué tiene derecho. En las islas menores a veces ni se han entregado los acuerdos de devolución y están incoados sin ellos saberlo».

Arencibia afirma con rotundidad que sin control no puede haber transparencia y, por tanto, si no se registran los movimientos del Estado, no se puede garantizar el cumplimiento de la ley. En este sentido, pone como ejemplo a los expulsados del Canarias 50: «En un Estado de derecho, quien intenta sancionar debe probar las razones y documentarlo de alguna forma. No vale solo con que nos fiemos de las instituciones, porque siempre habrá dos versiones y pueden producirse irregularidades. Si efectivamente corresponde la expulsión, debe proceder algún tipo de acto administrativo que refleje esa desvinculación del programa de acogida y, lo más importante ¿qué se hace después? No hay ninguna planificación».

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Asegura que no existe ningún procedimiento reglado con garantías para la expulsión, y tampoco cauces para que si las personas en situación de calle que van en aumento quieren recurrir la decisión tomada puedan hacerlo más allá de la solidaridad de las ONG. Melián alaba las buenas intenciones de estas entidades, pero también señala que no siempre cuentan con profesionales preparados que les informen correctamente de los procedimientos. El único recurso legal al que pueden acceder estas personas es el colegio de abogados de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria. «Allí podrían volver a contactar con el abogado que les asistió en la llegada, por ejemplo, pero no suele hacerse por falta de información».

En esta misma línea, ambos abogados coinciden en su preocupación por la limitación de la libre circulación de los migrantes. Arencibia apunta a las instigaciones policiales y controles aeroportuarios que tienen un componente racista. «No se puede salir a cazar extranjeros. Si estás en libertad no te pueden venir a pedir la documentación a menos que cometas una infracción o delito; está prohibido por Naciones Unidas usar la raza como criterio administrativo porque discrimina y genera xenofobia», explica. Una situación que también parece darse en lo que la Delegación del Gobierno denomina «controles covid». Todo ello, asegura, es «una suma de actuaciones que van contra la ley, vulneran derechos y tratan de no dejar rastro para pasar por la clandestinidad en su objetivo de convertirnos en islas-cárcel».