El gobierno francés ilegalizó este miércoles por decreto al grupo ultraderechista Génération Identitaire, después de que ésta llevara a cabo recientemente operaciones anti-inmigrantes, una de ellas en la frontera española, anunció el ministro francés de Interior, Gérald Darmanin.

Génération Identitaire se creó en 2012 con el propósito oficial de «la defensa y la promoción de identidades locales, regionales, francesa y europea». Pero esta asociación «promueve, en realidad, una ideología que incita al odio, la violencia o la discriminación de individuos por motivos de su origen, su raza o su religión», según el decreto de disolución aprobado en Consejo de Ministros.

Este grupo ultranacionalista blanco e islamófobo «presenta la inmigración y el islam como amenazas que los franceses deberían combatir y mantiene de forma deliberada una amalgama insidiosa entre, de un parte, los musulmanes o los inmigrantes y, de otra parte, ‘la chusma’, ‘los asesinos’ o los terroristas».

Otra de las razones esgrimidas por el Gobierno francés para su disolución es que sus acciones «demuestran la voluntad de actuar en tanto que milicia privada». También recuerda la cercanía de sus líderes con otros grupos de extrema derecha. Por ejemplo, la asociación ha recibido donaciones del extremista ultraderechista australiano Brenton Tarrant, autor de los atentados en 2019 contra dos mezquitas en Christchurch (Nueva Zelanda).

Los miembros de Génération Identitaire se reivindican en la figura de Charles Martel, el caudillo franco que rechazó la invasión musulmana de Aquitania en la batalla de Poitiers en el año 732, y en la Reconquista.

Este grupo solía realizar antes de su ilegalización acciones pacíficas, simbólicamente fuertes y muy mediáticas para difundir sus mensajes, inspirándose en los métodos del grupo ecologista Greenpeace, según el historiador Nicolas Lebourg. Por ejemplo, en 2012 ocuparon las obras de la gran mezquita de Poitiers. En 2017, patrullaron el Mediterráneo para impedir la llegada de embarcaciones de inmigrantes a Europa. Y han organizado operaciones para «Defender Europa» en los Alpes en 2018 y el pasado enero en la frontera española, en los Pirineos, para «cerrar el paso a los inmigrantes clandestinos».

La ley francesa permite que el Consejo de Ministros disuelva una organización por decreto. Amnistía Internacional lo considera «problemático», pues «permite que el gobierno disuelva una organización por motivos imprecisos y sin necesidad de escrutinio judicial previo».