Las islas Canarias no son una cárcel para migrantes, pero hace demasiado tiempo que para ellos resulta difícil salir del archipiélago. Unos 9.000 adultos y 2.000 menores no acompañados que han llegado en patera en el último año siguen en las islas en condiciones bastante mejorables. La concentración de tantas personas durante tantos meses en una situación con extremas limitaciones sociales y laborales supone una agonía para los migrantes, pero también munición para crispar a una sociedad muy castigada por la crisis y que se siente abandonada por Madrid.

La estrategia seguida —seleccionar los perfiles más vulnerables y permitirles llegar a la Península, mientras se retiene a los llamados inmigrantes económicos para su devolución— es la misma, en el ámbito nacional, que España rechaza cuando la UE propone usar las costas del sur del continente como grandes centros de cribado de inmigrantes. La fórmula no funciona en la práctica con la eficacia que se imagina en el papel. El traslado de personas vulnerables a centros más adecuados de la Península ha sido lento e insuficiente. El Ministerio del Interior mantiene su política de autorizarlos con cuentagotas y en 2020 solo dio salvoconductos a 2.168 personas. Menos del 10% de los que llegaron, mientras en hoteles y en centros de acogida se acumulan mujeres con bebés, solicitantes de asilo, menores tratados como adultos, personas traumatizadas. En las últimas semanas se han acelerado los traslados y algunas fuentes no oficiales hablan de 3.500 nuevas autorizaciones, pero el secretismo del Gobierno impide hacer cálculos fiables y fiscalizar su gestión.

Las devoluciones, la gran aspiración de la política migratoria de la UE, siguen los ritmos que marcan los países de origen y no de destino. España expulsa en torno al 30% de todos los inmigrantes con orden de abandonar el territorio. Bloquear y concentrar migrantes mientras esperan su posible deportación es asumir que los centros de acogida, a pesar de tener las puertas abiertas, funcionarán como almacenes de personas y no de forma tan temporal como se prometió. Se calcula que en Canarias hay cerca de 4.000 marroquíes susceptibles de devolución. Al ritmo actual, llevaría un año devolverlos. El bloqueo de migrantes en Canarias va más allá del pulso entre Interior, Migraciones y ONG sobre los traslados autorizados de personas vulnerables. Van a cumplirse tres meses desde que la Policía blindó puertos y aeropuertos canarios para evitar el tránsito de migrantes con sus pasaportes, sus documentos de solicitantes de asilo o sus justificantes de viaje como exigen las normativas autonómicas. En apariencia, son controles para cumplir las restricciones sanitarias, pero en la práctica el objetivo es el mismo: no dejarles salir. Al contrario, el Gobierno debería revisar su política y acelerar los traslados a la Península.