George Bush y Barack Obama lo intentaron y no lo consiguieron pero el tercer intento será el bueno, defendieron ayer los congresistas y senadores demócratas detrás de la propuesta legislativa para adoptar la reforma migratoria más ambiciosa en décadas, en línea con los objetivos que el presidente Joe Biden se marcó al llegar a la Casa Blanca.

Frente a la política migratoria de Donald Trump, centrada en la construcción del muro en la frontera con México y el cierre total de las fronteras al asilo, Biden habla de “devolver la humanidad” al marco legal de Estados Unidos, resolver las situaciones creadas y abrir vías a la inmigración legal que desincentiven las llegadas irregulares, para que la acción en la frontera se centre en la lucha contra la criminalidad y las drogas. No será fácil pero el demócrata cree que puede conseguir el apoyo de algunos republicanos, interesados teóricamente en aspectos concretos del plan.

La propuesta es la reforma migratoria que se plantea en el país desde la aministía de Reagan en 1986
La reforma, de la que se beneficiarían las personas sin antecedentes penales que estaban en Estados Unido el uno de enero de este año, incluye vías para regularizar la situación de los once millones de personas sin papeles que se calcula que hay actualmente en el país; muchos de ellos trabajan y pagan impuestos. Se trata de la propuesta legislativa migratoria más ambiciosa desde que en 1986 Ronald Reagan firmó una ley de amnistía que regularizó la situación de tres millones de personas en situación irregular.

Para los inmigrantes que trabajan en el sector agrícola, los que llegaron de niños con sus padres y quienes gozaban de un estatuto de protección temporal se prevé una vía exprés para alcanzar la ciudadanía estadounidense: podrían pedir de inmediato la tarjeta de residencia (la famosa green card ) y a los tres años solicitar la nacionalidad. Para el resto de colectivos, el camino sería más largo y exigiría ocho años.
“Es el momento de sacar de las sombras a once millones de simpapapales”, dijo ayer el senador Bob Menéndez (hijo de inmigrantes cubanos, el latino de más alto rango en el Capitolio estadounidense) al echar a andar la propuesta junto con la congresista Linda Sánchez (descendiente de mexicanos). Su plan lleva la firma de muchos más legisladores para los que la inmigración es algo personal.

No hay solo latinos. La senadora y excandidata presidencial Amy Klobuchar, recordó el caso de su abuelo, que inmigró irregularmente desde Suiza a Estados Unidos vía Canadá. Cuando, ya casado y con hijos, las autoridades migratorias lo detectaron, decidieron concederle la nacionalidad estadounidense. “Esa es la oportunidad que deseo que tenga todo el mundo” que quiere venir aquí a trabajar y contribuir a la economía del país, defendió.
El plan de los demócratas incluye vías para facilitar la reagrupación familiar, habilitar otras vías de llegada legal para trabajadores sin cuotas predeterminadas por países y castigar con mayor dureza a los empresarios que contraten a personas sin papeles. También plantean derogar el veto a regresar durante varios años a las personas que fueran detectadas de forma irregular en territorio estadounidense y reforzar los juzgados que estudian las demandas de asilo para resolver el atasco de casos, además de eliminar el término alien , extranjero, por el de no ciudadano, una vieja petición de las asociaciones proinmigrantes.

La trayectoria legislativa de la nueva ley de ciudadanía se antoja complicada. Las mayorías demócratas en el Congreso son muy estrechas, especialmente en el Senado, y dentro de su partido hay sensibilidades muy diversas al respecto. Aunque no es la opción preferida por Biden, la solución puede pasar por una reforma por partes.