Mamadou lleva seis meses buscando a su hermana y sus sobrinos. Se sabe que partieron desde Mauritania en agosto, pero no tiene idea de si ha conseguido llegar a las costas Canarias, como era su intención, o si han sido víctimas de algún naufragio en el mar. Sus esfuerzos porque alguna autoridad le confirme su paradero continúan siendo en vano, y esa incertidumbre no solo le niega unos derechos en vida sino también el reconocimiento de la muerte y la posibilidad de luto. Un amigo del trabajo le facilitó el contacto de David Melián, abogado en el campamento Las Raíces (Tenerife) que lleva su caso, porque sabe que es la vía más rápida para encontrarlos. «Empezamos la búsqueda en octubre y creemos que venían en una patera que naufragó entre el 8 y 9 de agosto, pero no es seguro. Yo tengo la esperanza de que estén en España, pero solo quiero que me digan si están vivos o muertos», explica desde su residencia en Murcia.

Como su familia, él también se embarcó en 2006 y sabe de las fatálicas consecuencias del viaje, pero sigue desconcertado respecto a los temas burocráticos. En la distancia, poco más puede hacer, por lo que se apoya, sobre todo, en la experiencia de su comunidad ya que no ve en las autoridades una ayuda en este tema. «Nos han dicho que los menores van a un centro en Gran Canaria o Tenerife para escolarizarlos, si van ahí puede que los identifiquemos».

Sukeina tuvo algo más de suerte. La joven marroquí encontró en noviembre a su hermano Ahmed entre las 2.000 personas que se hacinaban el muelle de Arguineguín, a donde se había trasladado para buscarlo a pesar de no haber tenido noticias desde su partida. La falta de oportunidades en su tierra de origen le obligó a embarcarse en una patera con la intención de empezar de nuevo en Francia, donde reside desde hace años su hermana. En aquellos días, la policía que custodiaba el acceso al muelle le impedía el paso por el protocolo de la pandemia, así como la entrega de algunos enseres que traía para él. Finalmente, pudieron tomar un vuelo a Barcelona y cruzar la frontera norte hacia territorio galo, pero atrás dejó otro primo que, cuenta, continúa «bloqueado» en Gran Canaria debido a los «excesivos» controles aeroportuarios.

La incertidumbre no les deja cerrar la herida y solo piden que les confirmen si sus parientes siguen vivos o han perecido en el mar

Como ellos, son muchos los familiares que se ven desamparados por las instituciones y acuden a distintos colectivos y ONG en busca de respuestas. Es una carrera de obstáculos en la que pocas veces se gana, ya que la policía no da datos oficiales y el Estado alega no tener la obligación de llevar un registro ni de crear una oficina de información para atender a los parientes de las víctimas. «Más allá de la incompetencia del Gobierno de España a la hora de gestionar todo el tema migratorio, parece justo reconocer a las personas que han perdido la vida y dar una respuesta humana a quienes los están buscando», explica David Melián. «Constantemente me llegan personas que no saben dónde acudir para empezar a buscar o que necesitan hacer reconocimientos de cadáveres en las morgues, y como nadie les dice nada no pueden darse por vencidos… Todo es muy loco».

Sin noticias, el trauma impacta aún más en los parientes, que no son capaces de cerrar la herida y son especialmente sensibles a la necesidad de enterrar a sus seres queridos. Así lo reconoce Helena Maleno, que lleva años denunciando estas y otras irregularidades como portavoz del colectivo Caminando Fronteras, una organización social que defiende los derechos de las personas migrantes.

Según los últimos datos recopilados por la entiedad en el monitoreo de embarcaciones y familiares, el 95,9% de los inmigrantes desaparecidos durante su travesía a España en el 2020 quedaron en el mar. Solo 88 cuerpos de un total de 2.082 fueron recuperados por los servicios de rescate, «un porcentaje vergonzoso», señala en una entrevista en RNE. En este contexto, critica la laxitud ante las llamadas de auxilio y la excesiva tardanza en los rescates: «Los estados se coordinan muy bien para controlar los negocios que se esconden tras este drama, pero no para defender la vida».

La activista se refiere al beneficio que acumulan las empresas de venta de armamentos, en su mayoría europeas, sobre esta situación: «Por un lado, provocan los conflictos en terceros países y el expolio de sus recursos, lo que obliga a la huida de sus habitantes, y luego esas mismas empresas hacen un doble negocio en el control de movimiento en las fronteras. Esas políticas de control están matando a miles de personas», asevera. El resultado es un flujo migratorio descontrolado, la falta de coordinación entre los estados y flagrantes vulneraciones de los derechos humanos. «Lo que me transmiten las propias víctimas es que no tienen derecho a migrar, pero tampoco a no migrar», dice.

Sobre esta base, indica Maleno, se articula un discurso racista y xenófobo que ha calado en la población. Asegura que a la hora de hablar de náufragos, el propio lenguaje político cambia y se habla de «interceptar pateras» no de «salvar vidas». Además, expresiones como «el efecto llamada», que la organización denomina «efecto salida», causan un efecto nocivo. «Uno de los principales dilemas es que no se reconoce que hay un problema estructural de racismo en España y que hay que trabajarlo. Estos mensajes solo contribuyen a generar odio y poner el foco de la población en otro sitio».

A ello se suma lo que Maleno califica como una «criminalización y persecución» tanto de las víctimas que nunca llegan a las costas como de las familias que van en su busca. Denuncia David Melián que, en muchas ocasiones, estas acuden a la comisaría por una desaparición y acaban detenidas porque se encuentran en una situación de irregularidad. «Poco a poco se le van quitando derechos fundamentales a los migrantes».

Precisamente, David Arencibia, abogado y voluntario del Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Canarias ha elevado hasta siete quejas al Defensor del Pueblo por causas que considera «fundamentales». Entre ellas, la falta de Oficina de Desaparecidos. «Nos hemos ofrecido, incluso, a que un voluntario se coordine con la Policía para cotejar datos y poder atender a estas personas, si es que el problema es el dinero». También él dialoga constantemente con familiares en situación regular que viajan, incluso, desde otros puntos de Europa para obtener algún tipo de respuesta. «Este problema es una crueldad y cebarse en el dolor de la gente», se queja.

Desde Caminando Frontera llevan tiempo reclamando que los naufragados en patera tengan nombre. Para ello, indican, se requiere un protocolo de enterramiento, según sus creencias culturales, y un registro de los fallecimientos, lo que evitaría que la información extraoficial a la que acceden pueda ser utilizada como extorsión. Además, demandan actuaciones para evitar que las familias no reclamen solo por el miedo a ser represaliados, una situación que tiene un «impacto legal y moral» en los parientes, que también tienen derecho a la reparación y a la no repetición.

1.851 muertos en la Ruta Canaria
Un total de 2.170 inmigrantes perdieron la vida en su intento de llegar a España por las distintas rutas migratorias marítimas el año pasado 2020, de los que el 85% lo hicieron en la Ruta Canaria, en la que se registraron 45 naufragios, según los datos recopilados por el colectivo Caminando Fronteras.

El estado no contempla ninguna normativa nacional ni internacional que fije la obligación de disponer de un punto de información a las familias de los irregulares. La respuesta que se les da parte de la solidaridad y de la propia comunidad de migrantes que forman su red de ayuda.

El delegado del Gobierno de Canarias, Anselmo Pestana, aseguró que se está tratando de dar respuesta a las demandas de las familias a través de una oficina de desaparecidos, pero que resulta «complicado». El principal escollo, cuenta, es respetar la ley de protección de datos personales.