Hace días que las redes sociales echan humo en Gran Canaria debido a la crisis migratoria, que está dejando a decenas de migrantes en las calles y carreteras de la Isla y provocando además incidentes y trifulcas que han elevado la crispación social. A través de diferentes canales de WhatsApp, decenas de personas llegaron a organizar una persecución de marroquíes en los municipios turísticos de Mogán y San Bartolomé de Tirajana, planificada para el fin de semana pasado. Los mensajes, que amenazaban incluso con “matar a los moros”, fueron publicados por los medios de comunicación, y la Policía Nacional anunció que estaba investigando el caso. A las pocas horas, muchos de los grupos se desintegraron. Algunos usuarios salieron de los chats porque “fueron amenazados por privado por algunos integrantes radicales por no compartir su odio y rabia”, según cuenta uno de los mensajes. La convocatoria quedó anulada, y uno de los vecinos fue detenido por difundir un vídeo en el que aparecía con un arma blanca.

Tras la cancelación de esta cacería, entre 100 y 300 personas se han organizado para solicitar una manifestación legal para el próximo sábado, dirigiéndose formalmente a la Delegación del Gobierno. La Policía Nacional asegura que hasta el momento no hay nada confirmado. Ahora la tensión y lo brotes xenófobos se han propagado hacia el resto de la isla, después de una pelea entre jóvenes de Las Palmas de Gran Canaria y migrantes bloqueados en las Islas. “Canarias puede convertirse en un polvorín social”, advierte el sindicato de la Policía Jupol, cercano a los postulados de extrema derecha de Vox.

Desde hace unos días, la frase “fuera moros” corona la entrada al barrio de Las Rehoyas, en la capital grancanaria. En sus calles, algunos habitantes han colgado pancartas en las que se puede leer: “Pedro Sánchez, corrupto. No hay cama pa’ tanta gente”. El pasado sábado tuvo lugar una pelea entre vecinos y jóvenes migrantes que la Policía Nacional ya investiga. Esta zona reproduce los patrones de otros puntos de Gran Canaria donde se han producido enfrentamientos entre locales y extranjeros como El Lasso o Arguineguín. Las Rehoyas es un barrio en mal estado y con históricas carencias. Así lo explica Adonis Macías, de la asociación vecinal. Lleva viviendo toda la vida allí y es técnico de mantenimiento de sistemas climáticos. Macías asegura que una de las principales reivindicaciones de los vecinos son viviendas dignas, más vigilancia policial e higiene en el barrio. “En todos los barrios hay riñas vecinales que se producen de manera puntual. Pero esas disputas no son tan vigiladas como los casos recientes”, asegura.

Vecinos de Mogán insultan a migrantes alojados en hoteles
“Nosotros rechazamos cualquier acto de violencia en el barrio. Hubo un acto por parte de una persona extranjera a uno de nuestros vecinos, pero por parte de los vecinos también lincharon a un inmigrante. La puñalada fue el viernes y la paliza fue el sábado por la noche. Posiblemente tengan relación estos dos sucesos”, cuenta Adonis. El sindicato de Policía Jupol ha pedido a las administraciones que tomen “cartas en el asunto” para evitar brotes racistas y xenófobos, poniendo el acento en la importancia de evitar que Canarias se convierta en una cárcel para los inmigrantes y un territorio de tensiones.

Además de la marcha que pretenden celebrar algunos vecinos de Gran Canaria el próximo 30 de enero, algunos ciudadanos de Las Rehoyas también han llamado a través de las redes sociales a movilizarse este miércoles. Los convocantes también han incitado a vulnerar las restricciones impuestas para frenar la propagación de la COVID-19 y a congregarse a partir de las 22.00 horas, cuando comienza el toque de queda. “Gran Canaria está siendo invadida […] este fin de semana el barrio se ha tenido que levantar en pie de guerra para defender a sus hijos”, dice el comunicado.

Consecuencias del bloqueo
De acuerdo con la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, esta tensión era “previsible” y es “consecuencia directa del bloqueo en las Islas”. El presidente de la organización, Ahmed Khalifa, subraya que lo que está sucediendo en Canarias desde hace meses ya ocurrió en Ceuta y Melilla. “Se retiene allí a las personas migrantes durante meses o años, haciendo que vean frustrados sus proyectos migratorios”. La convivencia también se ve resentida y la sensación de inseguridad ciudadana aumenta.

Khalifa teme que la situación en Canarias llegué a extremos similares a lo ocurrido en El Ejido (Almería) en el año 2000, cuando “hubo linchamientos a todos los inmigrantes que estaban viviendo en el pueblo, quemaban sus casas, les pegaban… Era todo el pueblo detrás de ellos”. Aquellos sucesos se produjeron tras el asesinato de una joven a manos de un magrebí bajo tratamiento psiquiátrico. “El ambiente se está caldeando y puede que llegue a eso si no se pone remedio”.

Aunque no ha podido desplazarse hacia las Islas, Khalifa asegura que está en contacto con migrantes en el Archipiélago que le transmiten el “miedo” que sienten. Considera que las peleas protagonizadas por magrebíes son un hecho minoritario, que “han ocurrido y que pueden pasar”, pero no se debe generalizar y decir que es responsabilidad de todo el colectivo marroquí. “La pelea en el sur de Gran Canaria no tenía que ver con la nacionalidad, sino con asuntos económicos entre personas en situación de vulnerabilidad”.

Varios de los 200 migrantes trasladados desde Las Palmas de Gran Canaria esperando en el puerto de Santa Cruz de Tenerife para embarcar en su viaje hacia Huelva. Efe / Miguel Barreto.
La criminalización de los marroquíes es, según Khalifa, algo “que está dentro del imaginario colectivo español” que hunde sus raíces “en motivos históricos como la reconquista”, pero “los datos del índice de criminalidad de los marroquíes lo desmienten”. Además, asegura que esa percepción puede contribuir “a que se sienta rechazado, discriminado y que sienta que está esteriotipado y puede adquirir ese estereotipo que le atribuye la sociedad, como si hubiera hecho algo malo”.

La solución, para Khalifa, es apostar por los traslados a la Península y a otros países europeos. “Esta situación debe parar. Es un problema estructural, no es de Canarias ni de España, sino de la UE”. Recuerda que las entradas por las vía del Estrecho y el Mediterráneo durante 2018 y 2019 hacia Andalucía no generaron una situación similar en la autonomía porque “tenían posibilidad de moverse y no quedarse atascados como en Canarias”.

Movilizaciones contra “la invasión negra” a principios de siglo
Las escenas en la sociedad isleña contra las personas migrantes también se sucedieron durante la denominada crisis de los cayucos, que alcanzó el pico de llegadas en 2006. La primera registrada está datada de 1994 y seis años después, al inicio del siglo, llegaron a las islas más de 2.000 personas en pateras que salían principalmente de la costa marroquí y del Sáhara Occidental con destino a Fuerteventura y Lanzarote, desde donde se derivaban a Gran Canaria. Después del verano de ese año, 200 personas protestaron frente a la Delegación del Gobierno y decidieron quedarse en la Plaza de la Feria ante la falta de espacios en los que pernoctar. Allí comían y dormían, pero en octubre, una plataforma vecinal organizó un acto “contra la inmigración” bajo el lema “No a la invasión foránea” en la misma zona y, poco después, también se convocó una contra-manifestación de apoyo a los migrantes. Finalmente, los inmigrantes, tras 22 noches, decidieron desalojar la plaza unos días antes de las protestas y las manifestaciones transcurrieron con momentos de tensión e insultos entre ambas organizaciones.

Según narra el periodista José Naranjo en su libro Cayucos, en los primeros años del siglo XXI, el Gobierno central del presidente popular José María Aznar no ampliaba la capacidad de acogida de forma previsora y el Ejecutivo regional optaba por trasladar a los migrantes a otras islas. Sin embargo, cuando se valoró la posibilidad de abrir un centro de internamiento en Tenerife para derivar desde la provincia de Las Palmas, parte de la sociedad isleña y administraciones como el Cabildo de Tenerife se negaron. El periódico El Día inició una campaña en contra del centro, con editoriales que tildaba que la “invasión negra” era responsabilidad de las islas orientales. Al final se acordó abrir el centro, pero con la condición de que solo internara a extranjeros que llegaran a Tenerife. Una vez firmado el acuerdo, otro editorial de El Día reseñaba que “se suscribía el paso libre a un centro de retención que, ya hemos insistido, no acogerá a 250 moros y negros, sino a miles de inmigrantes irregulares – por llamarlos con cierto eufemismo- , quienes, pasado un tiempo, se desparramarán por Nivaria entera”.

Fue el entonces alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, José Manuel Soria, quien abrió la puerta para los traslados a Península al comprar pasajes para 200 migrantes que pernoctaban en el parque Santa Catalina y enviarlos a Madrid sin previo aviso. En 2002, el Congreso de los Diputados aprobó un acuerdo para derivarlos, con una media de 5.000 al año desde entonces. Las relaciones con Marruecos habían sufrido un deterioro bajo el mandato de Aznar por la tensión con el Sáhara Occidental y la crisis del Islote de Perejil, acaecido en 2002, cuando alcanzaron las Islas casi 10.000 personas. Después del acceso al poder del PSOE con la Presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero (2005), las relaciones mejoraron con acuerdos entre ambos países y las salidas fueron desplazadas cada vez más al sur de El Aaiún y comenzaron las llegadas de los cayucos.

En mayo de 2006, el Parlamento de Canarias, durante un pleno monográfico sobre inmigración, aprobó con los votos a favor de Coalición Canaria y Partido Popular, y en contra de los socialistas, pedir que los barcos de la armada blindaran las costas canarias para interceptar y devolver a sus puntos de partida a los cayucos que trataran de alcanzar las islas. También reclamaron un fondo de emergencia de la Unión Europea para hacer frente a lo que denominaban “avalanchas migratorias”.

Un grupo de hombres llegados en cayuco a Gran Canaria este enero de 2021 EFE/Ángel Medina G.
Las derivaciones a Península y las repatriaciones evitaban que las personas migrantes permanecieran en las Islas durante demasiado tiempo. No pasaba lo mismo con los menores, cuya tutela corresponde al Gobierno de Canarias. En marzo de 2006, un incendio provocado dejó inutilizado el Aula de la Naturaleza en Tunte (Gran Canaria), donde serían trasladados más de medio centenar de menores que llevaban dos semanas durmiendo en colchonetas en un pabellón del barrio de Escaleritas ante la falta de espacios. En marzo de 2006, esta vez en Tenerife, un grupo de vecinos de Garachico esperó con abucheos a las puertas de un centro en La Montañeta, donde iban a ser alojados una treintena de menores de Senegal y Malí con edades de entre 13 a 16 años que fueron trasladados en guagua ante la falta de espacios. Con pancartas en las que mostraban su rechazo, también lanzaron piedras al interior del albergue. El Gobierno de Canarias decidió entonces habilitar un nuevo centro en Tegueste sin avisar previamente a los vecinos hasta que se encontraran dentro los menores.

Las visitas de representantes del Gobierno central a Mauritania o Senegal, los operativos de Frontex y las repatriaciones contribuyeron a que las llegadas descendieran en los años siguientes. Hoy, la pandemia de coronavirus impide repetir al Ejecutivo de Pedro Sánchez las mismas estrategias utilizadas y que la propia ministra Carolina Darias (delegada del Gobierno en Canarias entre 2008-2011) expuso como un ejemplo de éxito. El cierre de fronteras de países como Marruecos y las dificultades para derivar migrantes a Península deja a Canarias como frontera permanente para impedir la llegada de los inmigrantes al continente, según palabras del portavoz del Gobierno regional, Julio Pérez.