Tras diez meses de convivencia con el virus, la fatiga pandémica se ha establecido como un elemento del día a día en nuestra Región. La crisis sanitaria no solo ha conseguido dejar asientos vacíos en las cenas de Navidad: también ha amenazado de muerte a sectores como las agencias de viajes o la hostelería. Existe otro gremio aún más afectado por la COVID – 19, pues desde que comenzó el primer confinamiento las prostitutas han visto cómo peligraba su modo de vida.

Este colectivo ha necesitado elegir entre dejar de trabajar y seguir ejerciendo aún a riesgo de su salud. Tras las restricciones al contacto social impulsadas por el Gobierno de Fernando López Miras, las prostitutas deben añadir el miedo a la multa a la lista de peligros que deben correr para seguir obteniendo ingresos.

Exponen desde el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) que “la prioridad de quien no tiene ahorros es ganar dinero para poder vivir, así que hay gente a la que no le queda más remedio que ponerse a trabajar con la máxima precaución y entendiendo que es un riesgo”.

CATS asegura que estas medidas no influirán demasiado en las meretrices murcianas a la hora de resolver si continúan recibiendo clientes, pues una vez que ya han asumido el riesgo al contagio el peligro de la multa no resulta un elemento decisivo.

Más rotunda se muestra María José Barrera, miembro del Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS), cuando señala la falta de necesidades básicas que impulsa a estas mujeres a seguir trabajando en estas condiciones: “A las putas nos importa una mierda el coronavirus, lo que nos importa es comer”. La activista también se pronuncia a este medio sobre las complicaciones sanitarias derivadas de la precariedad en la que se encuentran con casos en los que “no han podido llamar a los servicios sanitarios teniendo síntomas por miedo a ser deportadas o porque el dueño del club no les dejaba”.

Un caso diferente es el de Sara, que expone cómo ella sí ha tenido la oportunidad de seguir obteniendo dinero una vez terminado el confinamiento en un piso que comparte con otras compañeras. De esta forma, ellas han seguido ejerciendo con medidas como el uso de la mascarilla, la desinfección exhaustiva o la recepción de un único cliente al día para poder rastrear los contactos en caso de resultar positivo.

No obstante, Sara reconoce las limitaciones de estas técnicas: “Al principio empecé trabajando con mascarilla, pero al final te la quitas porque no la vas a comer por debajo. Y si es difícil negociar el tema del preservativo con el cliente, negociar lo de la mascarilla es otra movida”.

Sobre su negocio, remarca que ella ha tenido la suerte de ser independiente y haber podido permitirse una inversión inicial elevada para la puesta en marcha de su profesión, pero recuerda a las “compañeras que no tienen ni para comer” y no pueden afrontar estos gastos extra.

Tras estos meses de pandemia, CATS califica de “catastrófico” el estado económico de las prostitutas debido a la devaluación que se está produciendo en sus condiciones de trabajo, pues han visto cómo la ley de la oferta y la demanda provocaba una bajada de precios en un momento crítico para ellas. Asegura que se encuentran “dependientes de ayudas de emergencia municipales y del reparto de comida de los Bancos de Alimentos, Cáritas o Cruz Roja, entre otras”.

Especial mención merece la situación de las meretrices que ejercían en burdeles porque no solo se enfrentaban a la pérdida de su lugar de trabajo, sino también de su lugar de residencia. Desde que el pasado agosto cerraran todos los clubes para evitar posibles focos de contagio, la suerte de sus empleadas ha dependido en gran medida de la bondad del dueño del establecimiento. De este modo, hay mujeres que se han vuelto a su país (del este de Europa, sobre todo), algunas que se han quedado en los clubes donde vivían sin tener que pagar nada y otras que han necesitado negociar con sus jefes para evitar un desahucio sin alternativa habitacional.

La suma de todas estas dificultades también han afectado a la salud mental de las meretrices. Desde la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) recuerdan que “si económicamente no estás bien todo afecta más al estado anímico”, pues aluden a la acumulación de facturas para justificar los numerosos casos de depresión que han proliferado entre las prostitutas.

Como miembros de un modelo de trabajo no reconocido, las meretrices no han podido acceder a los ERTE y han encontrado dificultades añadidas a la hora de adquirir otras prestaciones, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Si bien el Ministerio de Igualdad anunció que las prostitutas podrían formar parte de este programa, la realidad es que esta medida obliga a las solicitantes del gremio a identificarse como víctimas de explotación sexual para poder acceder a él. Tampoco aquellas personas que no disponen de empadronamiento, como las inmigrantes ilegales, han podido solicitar esta ayuda. En consecuencia, CATS reconoce que el acceso a esta prestación ha sido escaso.

Por otra parte, el asociacionismo sí ha resultado ser de gran ayuda para estas mujeres, pues desde OTRAS aluden a él como la “única manera de seguir adelante” y denuncian que “si fuera por los dirigentes las prostitutas habrían muerto de hambre”. Así pues, estas organizaciones han impulsado medidas como la recogida de alimentos y la campaña de crowdfunding para paliar su precaria situación.

La situación legal del llamado ‘oficio más antiguo del mundo’

En España, la prostitución se encuentra en una situación de alegalidad: no está prohibida ni reconocida, sino que está tolerada. De esta forma, el trabajo sexual no se encuentra castigado ni perseguido, pero no se considera trabajo entre otras cuestiones porque, desde un punto de vista civil, una mujer no puede ser objeto de contrato porque es ilícito a las normas o la moralidad.

El Ministerio de Igualdad ha publicado un borrador de la ley de libertad sexual que incluye la penalización de la tercería locativa. Es decir, que todo aquel que destine un espacio a “favorecer la prostitución de otra persona, aún con su consentimiento, será castigado con pena de prisión de uno a tres años y multa de 6 a 18 meses”.

Las asociaciones de trabajadoras sexuales han rechazado de pleno esta medida y han comenzado a hacer campaña para evitar que se implemente. “Es una salvajada”, exclaman desde CATS: “Pone en la calle a cantidad de personas sin ningún tipo de alternativa.”

El Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo afirma que la “gran mayoría” de las meretrices murcianas desconocen la existencia de este borrador que, en caso de tramitarse, supondría un cambio drástico en sus vidas.

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