Los inmigrantes que viven en Catalunya hacen un uso irregular, casi siempre por desconocimiento, del sistema sanitario público pero, contra lo que sostiene alguna extendida creencia, no están saturando ni forzando el funcionamiento normal de los servicios, coinciden los responsables del Servei Català de la Salut (SCS), al igual que los agentes comunitarios y el personal sanitario que los atiende.
De las 7.196.000 tarjetas sanitarias expedidas hasta el pasado mayo por la Conselleria de Salut, 832.000 pertenecen a población inmigrante, entre los que destacan los nacidos en Marruecos, Ecuador y Colombia. Un 92% llegaron después de 1999.
De las 58.700 personas que el pasado 31 de diciembre estaban en lista de espera para ser operados en Catalunya, 550 eran inmigrantes, indica Salut. El centro de asistencia primaria (CAP) que atiende a más extranjeros es el de Raval Sud, de Barcelona, donde son inmigrantes un 34% de su población asignada.

LO DIFÍCIL ES ENTENDERLOS
En el CAP Gòtic, que junto con el Raval cubre el perímetro catalán con más extranjeros censados, un 75% de sus pacientes son españoles y el resto procede de 116 países distintos, explica Elvira Gibert, directora del centro desde hace 15 años y buena observadora del fenómeno. “Aquí, la inmigración se ha aceptado, lo que no significa que estén integrados en el barrio – – afirma Gibert – – . La dificultad más importante que nos suponen es la de su idioma; a veces es complicado saber qué les ocurre”.
Le siguen el CAP de Roses (Girona), con un 22% de tarjetas sanitarias de titulares inmigrantes, el de Sant Roc, en Badalona, con un 21%, y el de Fondo, en Santa Coloma de Gramenet, con un 19% de cobertura extranjera. El CAP de Pubilla Casas, en L’Hospitalet de Llobregat, donde existe la percepción social de que los foráneos saturan sus consultas, atiende a un 10,8% de población inmigrante. En el resto de Catalunya, los porcentajes son muy inferiores.
En algunos sectores de la sociedad catalana, no obstante, existe la creencia de que los extranjeros colapsan una red asistencial de la que, dicen, se benefician pero a la que no ayudan a sostener. “Esa percepción, errónea, forma parte del proceso normal que atraviesan todos los países occidentales receptores de inmigración”, asegura Jesús Edison, agente comunitario de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB).

NO FUERZAN
“No. La inmigración en Catalunya no está forzando el sistema sanitario”, afirma con rotundidad Enric Agustí, subdirector del SCS, que cita como excepción las salas de partos de los hospitales públicos, que las embarazadas extranjeras usan de forma unánime. “Esos nacimientos ha supuesto un beneficio para Catalunya – – añade Agustí – – . La inmigración ha frenado una tendencia peligrosa: de 1997 al 2000 murieron más personas de las que nacieron”. En el 2000 nacieron en Catalunya 52.879 personas; en el 2003, fueron 60.878 y el año pasado la cifra superó los 72.000. “Y no hay duda de que eso se debe a los inmigrantes”, dice Agustí. La mayoría de los extranjeros instalados en Catalunya son menores de 40 años, sanos en general, que, en función de su país de origen, han iniciado el reagrupamiento familiar que autoriza la ley de extranjería.
Salut tienen en cuenta esa tendencia al hacer sus previsiones de futuro. “La inmigración no incrementa el gasto sanitario de forma importante, y, en cambio, ha beneficiado las cifras de población de Catalunya – – afirma la consellera, Marina Geli – – . Lo que ocurre es que en el último decenio no se ha adecuado la oferta de recursos sanitarios a la demanda real de la población”.
En estos momentos, el gasto sanitario por habitante y año en Catalunya se sitúa en los 1.000 euros, pero, según advierte Geli, ya debería ser de 1.500, si se tiene en cuenta el nivel del entorno europeo. Salut se ha fijado el objetivo de que ese presupuesto por persona y año – – 1.500 euros – – sea una realidad en el 2011, cuando la población catalana superará los ocho millones de personas.
Algo que debe mejorar de inmediato, a juicio de Jesús Edison, es la información sobre el sistema sanitario que llega a los colectivos de inmigrantes. “No están haciendo un uso adecuado porque desconocen el concepto español de salud: vienen de países sin cultura sanitaria preventiva – – dice – – . La mayoría, recurren a urgencias cuando están tan mal que no pueden ir a trabajar, y punto. Eso es estar enfermo para ellos”.
En el otro extremo sitúa a un reducido colectivo de extranjeros, muchos suramericanos, que cuando descubren el catálogo de prestaciones sanitarias a que tienen derecho, van al médico y piden un examen general de su salud, un chequeo que es inaccesible a los autóctonos. “Ese uso inadecuado está perjudicando a todo el mundo – – dice Edison – – . Más que dinero, hace falta una buena información sanitaria entre la inmigración: a la gente no se la educa con trípticos multilingües, sino yendo por los domicilios y explicando”.

SIN REFLEJO ECONÓMICO
La llegada de más de un millón de inmigrantes a Catalunya en apenas cinco años no se ha visto compensada por un aumento equivalente en los presupuestos sanitarios, ya que el modelo de financiación que se acordó en 1999, y que sigue vigente, no permite esa adecuación. “No es posible adaptar de forma automática el presupuesto a la evolución de la población atendida”, afirma Miquel Argenté, director de recursos del SCS.
Ese modelo, que diseñó el Gobierno del PP, prevé que la sanidad se financie con los impuestos – – IRPF, IVA y tasas especiales – – y no por las afiliaciones a la Seguridad Social. El reparto de esa recaudación es una cantidad equivalente al gasto sanitario medio registrado en todas las comunidades. La insuficiencia que ese reparto siempre ha supuesto para Catalunya sumieron al sistema sanitario en un déficit progresivo.
Salut extiende una tarjeta sanitaria a cada extranjero que se empadrona en Catalunya, tenga o no legalizada su situación, pague o no impuestos, ya que la asistencia sanitaria es un derecho universalizado, explica Argenté. Técnicos y políticos confían en que ese desfase financiero se atenúe con el nuevo Estatut.