El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones niega que el Estado invierta 300.000 euros al día en alojar a migrantes en hoteles como asegura la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. “No. No es cierto en absoluto. No ofrecemos información desgranada por tipo de recurso porque el gasto del Gobierno en Atención Humanitaria ya está registrado y público en las subvenciones del Ministerio en esta materia”, han respondido fuentes de la cartera que dirige José Luis Escrivá a Canarias Ahora.

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, ha asegurado a este periódico que desconoce la cifra exacta que el Gobierno central destina a este fin. “Solo conozco el dato que ha dado la alcaldesa de Mogán, que estima que se invierten unos 50 euros por persona”. Manrique de Lara ha negado que destinar los hoteles a fines humanitarios haya provocado pérdidas en el sector: “No tiene nada que ver, la caída se debe a que no hay flujo turístico por la pandemia”.

Sin embargo, sí se prevé que la llegada de viajeros comience a reactivarse entre diciembre y enero, por eso la Confederación Canaria de Empresarios ha pedido que se ubique a los migrantes en otros espacios “más apropiados”. El presidente de la CCE apunta que los hoteleros sí han tenido que activar personal desde finales de agosto por la llegada de migrantes a sus instalaciones, pero no han recuperado a toda la plantilla porque el servicio que se da a los migrantes es muy diferente al servicio integral que se ofrece a los turistas, ya que el primer grupo se encuentra en una situación de acogida.

Onalia Bueno ha anunciado este jueves en una rueda de prensa que “da de plazo” a Migraciones hasta el 31 de diciembre para reubicar a las 3.471 personas que hasta el momento permanecen en diez complejos hoteleros de su municipio, entre los que figuran 496 menores no acompañados y otro grupo de 90 personas que han dado positivo en la COVID-19. El ministro José Luis Escrivá ya anunció en su visita a Canarias el pasado 20 de noviembre que antes de que acabe el año los migrantes que permanecen hasta el momento en establecimientos turísticos serían trasladados a siete campamentos ubicados en distintos puntos de las Islas. En total, estos recursos tendrán capacidad de 7.000 plazas.

En San Bartolomé de Tirajana actualmente hay 2.500 migrantes en hoteles, entre los que no hay ningún positivo, según ha informado el concejal de Turismo de esta corporación municipal, Alejandro Marichal (CC). Marichal ha precisado que no apoya el ultimátum que ha anunciado este jueves Bueno. Su municipio opta por dar unos días al Gobierno de España para que desaloje los establecimientos vacacionales que ocupa. Si eso no ocurre, el Ayuntamiento valorará “todas las opciones legales posibles”para recuperarlos. La alcaldesa de Mogán también ha amenazado con sancionar con multas de entre 30.000 y 300.000 euros a los complejos hoteleros que alberguen migrantes a partir de enero de 2021.

La Consejería de Turismo ha explicado que “si se interpone una denuncia”, sí pueden ser sancionados los hoteles que destinen sus instalaciones a usos distintos al turístico, agarrándose a la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias. El artículo 23 de esta norma establece que “los titulares de los establecimientos turísticos deben destinarlos al ejercicio de la actividad turística”.

Noemí Santana, responsable de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias que tiene competencias sobre los menores extranjeros no acompañados ha pedido a Onalia Bueno que “no eche gasolina al fuego con discursos xenófobos y cuasifascistas”. “Estamos ante un fenómeno sin precedentes, la Comunidad Autónoma nunca había tutelado a tantos niños y niñas”, más de 2.000, y la alternativa “no va a pasar bajo ninguna circunstancia” por dejarlos en la calle, subrayó la consejera en declaraciones recogidas por Efe. “Que me diga la alcaldesa qué alternativas tenemos. Me gusta la gente que aporta soluciones y no problemas”.