Ya hemos hecho referencia en otras ocasiones a que la gestión de las migraciones en España parece ser la única de las materias consideradas como “cuestiones de Estado” en la que se ha conseguido el tan reclamado consenso, ya que sea cual sea el color del gobierno de turno se acaban aplicando las mismas políticas. El problema reside en que en dichas políticas el respeto de los derechos fundamentales de las personas migrantes parece estar lejos de ser de una prioridad.

El ejecutivo monocolor del PSOE surgido de la moción de censura de junio de 2018 no representó ningún cambio de rumbo identificable respecto a la línea marcada por el presidente Rajoy y su ministro Fernández Díaz. Tal como nos temíamos desde la sociedad civil, el caso Aquarius quedó simplemente como un gesto para la galería, en realidad el nombramiento de Grande-Marlaska como responsable de Interior ya no anunciaba “nada bueno” en este ámbito. En este sentido encontramos algunos hitos negativos, como mantener el recurso interpuesto por el gobierno de Rajoy ante la sentencia de primera instancia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que en 2017 declaró las devoluciones en caliente contrarias al Convenio Europeo de los Derechos Humanos, lo que fue determinante para que en febrero de este año el tribunal revocara dicha sentencia. Y, a pesar de contar con apoyos parlamentarios para llevarlo a cabo, tampoco derogó el intento de dar cobertura legal a las citadas devoluciones en caliente a través de la ley mordaza. Igualmente brillaron por su ausencia avances en integración, habilitación de vías de acceso legales y seguras, asilo, centros de internamiento de extranjeros (CIE)… Y como colofón, incluso se crearon nuevos espacios de vulneración de derechos como los ya tristemente famosos centros de atención temporal de extranjeros (CATE) en la Frontera Sur.

Tras un tortuoso proceso electoral (doble), y unas no menos arduas negociaciones, el ejecutivo de la moción de censura fue sustituido por el actual de coalición PSOE + Unidas Podemos en enero de 2020. Por supuesto, hay que tener en cuenta el escaso recorrido temporal del segundo gobierno Sánchez y que el mismo ha estado profundamente marcado por el estallido de la pandemia de la COVID-19, pero a pesar de ello la primera valoración de su trayectoria en materia de migraciones tampoco puede ser positiva. El hecho de que por primera vez se integraran en el ejecutivo estatal fuerza políticas como Podemos e IU, que habían mantenido un discurso “pro derechos” de las personas migrantes aceptable en la oposición, hacía albergar ciertas esperanzas de un “cambio progresista”. Sin embargo, esa esperanza empezó a diluirse desde el propio pacto de investidura, ya que en el documento en el que se plasmó están prácticamente ausentes las alusiones a las políticas migratorias. En lo concerniente a la política interior, directamente se obvia la inmigración planteando cuestiones que afectan exclusivamente a la emigración española. A la inmigración solo se hace referencia en unos muy breves y genéricos párrafos referentes al ámbito de la UE.

La línea continuista que asomaba en el acuerdo se confirmó al repetir Grande-Marlaska en la cartera de Interior y al acaparar el PSOE el resto de ministerios con incidencia directa en materia de migraciones. Y todo ello no se ha quedado en la moqueta de los despachos ministeriales, sino que se ha plasmado en la aplicación, una vez más, de decisiones políticas, jurídicas y administrativas vulneradoras de los derechos fundamentales de las personas migrantes en España.

Tampoco parece que en esta legislatura, sea cual sea su duración, vayamos a ver la tan anunciada derogación o reforma de la “ley mordaza”, y más en concreto, del infame intento de dar cobertura legal a las devoluciones en caliente al introducir la disposición adicional 10ª de la “ley de extranjería” que contempla los “rechazos en frontera”. Percepción que empezó a fraguarse con la citada sentencia del TEDH de febrero, y que desafortunadamente se ha consolidado con la reciente resolución del Tribunal Constitucional sobre el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de seguridad ciudadana, suscrito entre otros por PSOE, Podemos e IU. Y usamos intencionadamente la expresión “intento de dar cobertura legal” porque ni siquiera la modificación de la Ley de Extranjería (LOEX) o la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) pueden dar respaldo jurídico a estas prácticas, ya que vulneran el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y no respetan los requisitos enumerados por la propia sentencia.

Adelantándonos al posible discurso que se usará para justificarlo, y tal como hemos sostenido en otras ocasiones, no es obligatorio mantener la disposición adicional, aunque el TC la haya declarado constitucional, y menos aún seguir llevando a cabo devoluciones en caliente en nuestras fronteras. Si se hace, será una pura decisión política del ejecutivo PSOE + Unidas Podemos y la mayoría parlamentaria que lo sostiene. Si, tal como afirmó hace pocos meses el vicepresidente Pablo Iglesias, las devoluciones en caliente vulneran los derechos humanos, Unidas Podemos tiene dos vías para intentar erradicarlas. Dentro del Consejo de Ministros, presionando a Interior para que deje de practicarlas de forma inmediata, y proponiendo que se apruebe un proyecto de ley que impulse la derogación de la chapuza normativa que trata de sostenerlas. En las Cortes, su grupo parlamentario puede presentar una proposición de ley con el mismo objetivo. Es decir, herramientas jurídicas existen, pero… ¿hay voluntad política?

Desgraciadamente, las devoluciones en caliente no son el único “agujero” de la coalición gubernamental respecto al binomio migraciones-derechos humanos. Podemos destacar la oportunidad perdida de impulsar una regularización extraordinaria de personas en situación irregular en el actual contexto de pandemia, como han hecho Italia o Portugal. Igualmente decepcionante ha sido el paso atrás dado en materia de CIE, el vaciarlos durante el confinamiento fue una prueba material de la inutilidad de una institución tan poco respetuosa con la dignidad humana; en vez de seguir en esa línea se ha vuelto a privar de libertad a personas en ellos e incluso se ha dado vía libre a la construcción del nuevo CIE de Algeciras. Y para cerrar este catálogo de despropósitos aunque hay muchos más ejemplos, la desastrosa gestión de la “acogida” de las personas que están llegando por vías irregulares a Canarias en las últimas semanas.

Quizás del PSOE no se podía esperar demasiado, pero cualquier esperanza de cambio en materia de migraciones que la entrada de la “izquierda alternativa” en el Gobierno hubiera alimentado se ha visto frustrada. La justificación esgrimida por Unidas Podemos para sellar la coalición fue que desde el Consejo de Ministros se podían impulsar políticas transformadoras con una mayor fortaleza. Hasta la fecha, en la materia que nos ocupa en el presente artículo, el prometido “cambio progresista” que este ejecutivo nos debía traer no se vislumbra ni en el horizonte más lejano…