El violento desalojo policial de un campamento de inmigrantes en la simbólica Plaza de la República de París se ha convertido en un asunto de gran calado político que, ante las críticas recibidas, ha llevado al ministro del Interior a pedir una investigación interna sobre la actuación de los agentes.

Los vídeos y fotografías de lo sucedido no tardaron en hacerse virales en las redes: las fuerzas del orden desmantelaron las más de 500 tiendas de campaña instaladas tirando al suelo a quienes dormían en su interior y sin aparentes miramientos ni hacia sus integrantes ni hacia los periodistas presentes.

La asociación Utopia 56 denunció en Twitter que tanto las tiendas como las cerca de 1.000 mantas distribuidas a esos inmigrantes y demandantes de asilo habían sido ofrecidas por colectivos humanitarios gracias a donaciones de los ciudadanos.

El grupo había sido desalojado la semana pasada del suburbio parisino de Saint-Denis y, evacuado de nuevo por la policía entre enfrentamientos y gases lacrimógenos, tuvo que volver anoche a ese mismo municipio de las afueras de la capital francesa.

INVESTIGACIÓN POLICIAL

El ministro del Interior, Gérald Darmanin, avanzó este lunes por la noche que había solicitado examinar los sucesos y tras la recepción de ese informe esta mañana añadió que ha pedido a la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) que en un máximo de 48 horas esclarezca “varios hechos inaceptables”.

Este polémico desalojo se presenta como un nuevo pulso entre la Alcaldía de París y el Ejecutivo sobre la gestión del alojamiento disponible para inmigrantes y refugiados, a los que según la regidora municipal, la socialista Anne Hidalgo, no se puede evacuar sin un “diagnóstico social previo” y sin hacerse cargo de los vulnerables.

Hidalgo condenó “con fuerza” una actuación policial que “conduce a una precarización creciente de los refugiados, a su puesta en peligro mediante el uso sistemático de la fuerza y a la negación del deber humanitario”.

Organizaciones como Amnistía Internacional elevaron su reproche reclamando una comisión de investigación parlamentaria sobre las violaciones de los derechos de los inmigrantes y refugiados y recalcaron que si esas imágenes sorprenden es porque reflejan “una realidad, la de las prácticas policiales abusivas”.

CRÍTICAS POLÍTICAS

Las críticas procedieron además de una amplia representación del abanico político, unas alertando de la deriva “liberticida” del Gobierno y otras en favor de una mayor firmeza.

“Nadie, opine lo que opine sobre la inmigración, puede pensar que lo de anoche sea comprensible. ¿Qué sentido tiene golpear así a gente pobre y desvalida?”, señaló el líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon en Twitter, donde añadió que ese “uso desproporcionado de la fuerza” es una vergüenza para la Policía del país.

Éric Ciotti, diputado del partido conservador Los Republicanos, consideró en cambio que la respuesta de Darmanin al campamento “de clandestinos” ha sido cobarde, y la ultraderechista Marine Le Pen criticó la previsión de crear 14.500 plazas de acogida mientras los franceses “se hunden en la pobreza”.

La ministra de Vivienda, Emmanuel Wargon, consideró “impactantes” las imágenes, pero usó el mismo calificativo para la actitud de los políticos que “utilizan la situación difícil de algunas personas con objetivos políticos”.

El debate ha oscilado en torno a la actuación policial el mismo día en que los diputados votan en la Asamblea Nacional la proposición de ley de Seguridad Global, uno de cuyos artículos prevé sanciones en caso de que se difundan imágenes de policías que los pongan en peligro.

De momento las imágenes de este lunes permitieron en este último caso no solo evidenciar la violencia desencadenada, sino que la Fiscalía de París, según confirmó a EFE, haya abierto una investigación por la zancadilla que un policía puso a un inmigrante.

El primer ministro, Jean Castex, insistió hoy en que el Gobierno “nunca ha pretendido atentar contra la libertad de prensa y de expresión”, sino que quiere proteger a las fuerzas de seguridad, “no contra la difusión de imágenes, sino contra su publicación acompañada de mensajes contra la integridad” de esos funcionarios.

“El actual juicio de intenciones es totalmente infundado”, recalcó en una intervención en la Cámara Baja en la que indicó que él mismo reclamará al Consejo Constitucional que evalúe que ese controvertido artículo se ajusta a la ley.

La polémica ya se había visto exacerbada estos últimos días después de que Darmanin sugiriera que la prensa iba a deber acreditarse para cubrir las manifestaciones, una propuesta ante la que acabó retractándose y que había unido en su contra a unos 40 medios en una declaración conjunta.