La Policía detiene a 55 'pateristas' argelinos y cerca a las mafias

La Brigada de Extranjería ha logrado ya órdenes de prisión para 42 acusados de pilotar hasta la Región embarcaciones con decenas de inmigrantes

La Verdad, JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ, 25-11-2020

El aumento de la presión migratoria sobre la Región de Murcia y sobre el resto del Levante en 2019 y 2020, con Almería y Alicante como otras ‘zonas calientes’, ha llegado junto a cambios en los medios utilizados por las mafias argelinas. Además de lanchas semirrígidas de unos 6 metros de eslora, han empleado motores de 40 caballos. Así, reducen la duración de la travesía, de unas 120 millas, de 14 horas a seis horas. También utilizaron un pesquero, con 79 inmigrantes irregulares.

El aumento de la presión policial contra las redes de tráfico de personas que operan en las costas de la Región ha permitido la detención de 55 personas acusadas de trasladar a decenas de argelinos a Cartagena y a otras zonas del litoral, en menos de un año y medio. Del conjunto de arrestados por la Policía Nacional, todos ellos hombres y de nacionalidad argelina, como sus víctimas, 42 fueron enviados a prisión como presuntos autores de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal. A su vez, de ellos 22 ya cumplen penas firmes de prisión.

Según los datos confirmados ayer a LA VERDAD por la Brigada Provincial de Extranjería de la Policía, los acusados de pilotar y patronear las embarcaciones desde Argelia ‘cayeron’ en las horas o días posteriores a haber sido rescatados por Salvamento Marítimo y conducidos a la ciudad portuaria por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, junto a las personas a las que embarcaron; o bien tras alcanzar las playas y ser sorprendidos por los agentes.

Estos ‘pateristas’, como se les llama en el argot policial, no consiguieron, en definitiva, burlar la vigilancia terrestre y marítima coordinada por la Delegación del Gobierno en la Región, que dirige José Vélez. Dos ejemplos de este otoño son la localización de dos argelinos que trataban de regresar a su país en la lancha en la que acababan de llevar a una docena de compatriotas. La Benemérita los interceptó en Cala Cerrada.

En otro caso, la Policía consiguió que el magistrado de guardia decretarse el encarcelamiento, a la espera de juicio, de un ‘paterista’ considerado «un importante miembro de una organización criminal». Este hombre ya fue arrestado un año antes, tras otra travesía. En ella, la embarcación naufragó. En el hundimiento murió ahogado un niño de once años, pero la Justicia no halló pruebas suficientes de un delito de homicidio por imprudencia y solo fue posible su expulsión del territorio nacional.

El perfil de los ‘pateristas’ apresados en la Región es el de un ciudadano natural de la zona de Mostaganem, en la costa de Argelia, menor de 45 años, con conocimientos marítimos y adiestrado para tratar de pasar desapercibido entre el resto de argelinos, en caso de ser interceptado.

«Muchos son pescadores que consideran mucho más rentable arriesgarse y ponerse a sí mismo y a sus barcos al servicio del tráfico ilegal de personas que faenar. Cobran de 1.500 a 2.000 euros por inmigrante», explicó el comisario jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, Victoriano Martínez.

Este alto mando policial asegura, en todo caso, que las exitosas operaciones realizadas en los últimos dieciséis meses por la Policía, en colaboración con la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costa (Frontex), la Guardia Civil y otras entidades, están teniendo un «efecto disuasorio» al otro lado del Mediterráneo.

«Sabemos que a las organizaciones criminales les está costando más trabajo» incorporar a pescadores o contratarlos, porque «los ‘pateristas’ saben que se juegan su libertad», comentó Martínez. Y reparó en la especial dificultad de las pesquisas en plena pandemia de Covid – 19, donde «los agentes se juegan la salud», pues la tasa de contagio de los extranjeros custodiados durante 72 horas en el puerto está en torno al 7%.

Martínez subrayó la labor de los funcionarios de la Ucrif (Unidad Contra la Redes de Inmigración y Falsedades Documentales) y de la Comisaría de Cartagena. Y alabó la «solidez» de los indicios y de las pruebas que reúnen.

Al enfrentarse a peticiones de prisión de hasta seis y ocho años, muchos imputados llegan a acuerdos de conformidad con la Fiscalía. Las condenas varían entre dos y seis años. En su contra pesa el haber organizado y comandado un peligroso viaje, donde ponen en riesgo la vida de jóvenes, mujeres y niños, por las escasas medidas de seguridad en la navegación. En palabras del comisario Martínez, «los ‘pateristas’ llevan una brújula e intentan no desviarse de su ruta hasta Cartagena, pero no traen ni GPS, ni radiobalizas, ni bengalas, ni extintores, ni chalecos salvavidas, ni siquiera botiquín de primeros auxilios».

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