Canarias no debe ser un nuevo Lesbos

La Vanguardia, , 20-11-2020

Las autoridades autonómicas de Canarias piden la ayuda solidaria del resto de las comunidades espa­ñolas para que acepten acoger a una parte de los miles de migrantes marroquíes y subsaharianos que dia­riamente llegan a sus playas y puertos procedentes de las costas africanas. Es una llamada de auxilio porque las islas se hallan desbordadas por la situación. Ahora hay más de dos mil personas hacinadas en pésimas condiciones en el puerto de ­Arguineguin, en Gran Canaria, que se encuentra comple­tamente ­saturado, a la espera de encontrarles algún tipo de alo­jamiento digno. Pero son más de 16.000 los migrantes ilegales ­llegados allí desde principios de año y el número aumenta día tras día.
Debería ser el Gobierno central, sin embargo, quien pidiera también a la Unión Europea la misma ayuda solidaria que Canarias demanda al resto de España, porque las islas son territorio europeo y ello exige dar una respuesta conjunta de todos los países. Pero la ­primera respuesta de un país europeo, como es Francia, se halla lejos de esta necesaria solidaridad. Su primera reacción ha sido blindar los Pirineos, con un fuerte aumento de la ­vigilancia en fronteras y pasos de montaña, para evitar que la ­presión migratoria que sufre España llegue a su país y, de ahí, al resto del continente.

La llegada de migrantes a las islas desborda a las autoridades autonómicas y al Gobierno central

También debería ser la UE la que negociase, como un solo bloque, con Marruecos y los países subsaharianos soluciones para frenar las migraciones en origen, con mayor control sobre las mafias y, asimismo, para que aceptasen de inmediato la devolución de todos los migrantes ilegales. Al mismo tiempo deberían re­forzarse también los procedimientos administrativos para que haya fluidez en la migración legal y en la acogida de las personas con derecho a asilo.

Ante el fracaso de la política migratoria europea debe ser España la que incremente su actividad diplomática con los países emisores de migrantes, especialmente Marruecos, ya que el problema debe solucionarse principalmente en origen. Hoy mismo viaja a Rabat el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y dentro de unos días lo hará a Senegal la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. Paralelamente, el Gobierno reforzará la vigilancia marítima frente a las costas africanas para bloquear la salida de pateras.

González Laya ha señalado que no tiene dudas sobre el compromiso de Marruecos para cooperar con España. Atribuye la crisis actual a las redes criminales que han optado por intensificar la ruta de Canarias desde la costa africana tras el aumento de la vigilancia en el estrecho de Gibraltar y los acuerdos de control fronterizo establecidos por la UE con Libia y Turquía. La ministra descarta que el aumento de migrantes marroquíes, que son más de la mitad de los que arriban a Canarias, responda a una medida de presión de las autoridades del país vecino al Gobierno español por la situación en el Sáhara Occidental,en donde se ha reactivado el conflicto con el Frente Polisario. Pero Rabat ha advertido que el apoyo a las reivindicaciones de este movimiento del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, no favorece la colaboración. Ante ello, la ministra se ha visto obligada a reiterar que España apoya la actuación de la ONU y que apuesta por una negociación política que permita una salida negociada, justa y duradera.

Lo cierto es que el alud de migrantes a Canarias ha desbordado no solo a las autoridades locales sino también al Gobierno central, que no ha arbitrado a tiempo soluciones urgentes para atenderlos debidamente. Hasta los hoteleros de las zonas turísticas cercanas han tenido que ofrecer sus habitaciones para alojarlos. Las autoridades canarias, tanto las autonómicas como las locales, se sienten abandonadas y temen convertirse en un nuevo Lesbos, ya que ello dañaría gravemente la única industria que tienen las islas, que es el turismo. En cualquier caso, lo que sucede en Canarias pone de nuevo en evidencia la gravedad de la crisis migratoria y la ausencia de una adecuada política europea para hacerle frente.

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