Los migrantes de nacionalidad extracomunitaria sufren cuatro veces más riesgo de pobreza que los españoles y están tres veces más expuestos a la exclusión social, una tónica que se ha agudizado a raíz de la pandemia de coronavirus, según el informe “Fronteras in-visibles”, elaborado por Cáritas.

Tal y como ha explicado la responsable de análisis social e incidencia de la entidad, Míriam Feu, éstas son las principales conclusiones del estudio, que se ha llevado a cabo entre personas con distintas situaciones administrativas.

De acuerdo con Feu, las personas de origen no comunitario sufren mayor vulnerabilidad: el 51 % de ellas está en riesgo de exclusión social y el 23,1 % en exclusión severa, frente al 18 % y el 6,5 %, respectivamente, de quienes tienen nacionalidad española, lo que demuestra la amplia brecha social que se ha ido agravando con la emergencia sanitaria.

Pero, más allá, el 39 % de los migrantes de fuera de la Unión Europea sufre exclusión laboral, el 27 % exclusión de la salud, el 66 % de la política y el 69 % exclusión del mercado de vivienda, lo que les lleva a residir en habitaciones realquiladas, infraviviendas, locales o subterráneos.

La entidad también ha puesto énfasis en los efectos devastadores de la covid-19 en la población migrada, que se dedica principalmente a actividades de economía informal y se han visto de la noche a la mañana sin ingresos ni prestaciones de ningún tipo.

Antes del coronavirus, el 8 % de las familias que atendía Cáritas no contaba con ingresos, mientras que dos meses después el porcentaje aumentó al 25 % y, en el caso de las personas extracomunitarias, al 32 %.

Por su parte, la responsable del programa de migración de Cáritas, Elisabet Ureña, ha puesto de relieve la importancia de que los ayuntamientos faciliten el empadronamiento, la puerta de entrada, ha dicho, de muchos derechos, y que se modifique y no sólo flexibilice la actual Ley de Extranjería.

El director de Cáritas, Salvador Busquets, ha instado al Gobierno a solucionar el colapso del sistema de citas de extranjería que impide a cientos de personas acceder a prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, así como tender vías seguras para la inmigración.

También ha urgido facilitar el ingreso al mercado laboral de migrantes, garantizar la “plena inclusión” del trabajo doméstico y de cuidados, flexibilizar la autorización de residencia y trabajo, y permitir las actividades laborales a jóvenes extranjeros extutelados que llegan a la mayoría de edad.

Finalmente, de cara a los ayuntamientos, ha exigido que se permita el empadronamiento a todo el mundo y se reduzca o suprima la tasa de emisión de los informes de extranjería.