La falta de mano de obra en sectores esenciales como el campo en plena pandemia provocó un gran debate en Italia que llevó al Gobierno de Giuseppe Conte a abrir en mayo un proceso de regularización de los cerca se 600.000 inmigrantes irregulares que se encuentran en el país. Las oleadas de inmigrantes que llegan a las costas Canarias, las perspectivas de una recuperación basada en la reindustrialización y relocalización y, sobre todo, la falta de ingresos de la Seguridad Social abren ahora también el debate en España, donde se estima que viven alrededor de 430.000 inmigrantes en situación irregular –para muchos de ellos sobrevenida–, el 12,5% del total de no comunitarios.

¿Cómo afectaría una hipotética regularización masiva a la economía española? ¿Es válido el modelo del 2005, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dio papeles a unos 600.000 inmigrantes irregulares de los 800.000 que se encontraban en España? Es más, ¿cuál es el balance de aquel proceso 15 años después? ¿Qué muestra el reciente ejemplo de Italia? ¿Y las políticas de apertura y cierre de puertas de Estados Unidos? Esas son las preguntas a las que tratan de dar respuesta un grupo de economistas que publican tres artículos específicos en el IEB Report 3/2020 del Institut d’Economia de Barcelona (IEB) bajo el título genérico de Regularización de inmigrantes indocumentados, ¿qué sabemos?.

Salida de la crisis
Una recuperación basada en la reindustrialización y la relocalización reactivan este modelo

El informe está coordinado por Javier Vázquez-Grenno, miembro de esta institución de la Universitat de Barcelona, quien también firma junto a Joan Monras el artículo Evidencia sobre el impacto de una regularización masiva en la economía española . Sus conclusiones son claras: la regularización supone una importante inyección para los ingresos de la Seguridad Social, como muestran los datos del 2005 y 2006, cuando el porcentaje de inmigrantes que cotizaban pasó de poco más del 6% de trabajadores a superar el 10% y sobrepasar el 11% antes de la crisis del 2008. Unos datos que determinan la consolidación en el mercado laboral de unos trabajadores que partían como condición de contar con un contrato mínimo de seis meses.

Aunque las cifras –provenientes de la Encuesta de Población Activa y de la Muestra Continua de Vidas Laborales– también determinan que aquel proceso comportó una notable ampliación de las oportunidades laborales para los inmigrantes regularizados gracias a la movilidad interterritorial. Hasta el punto de que hasta un 50% de los regularizados cambiaron de provincia en los dos años y medio siguientes a su regularización.

Varios trabajadores en una obra
Varios trabajadores en una obra (Mané Espinosa)
Por contra, el estudio también determina que el proceso tuvo un impacto negativo sobre los trabajadores de baja calificación –inmigrantes no comunitarios y nativos– que trabajaban en el sector informal. De cada diez inmigrantes regularizados, casi cuatro inmigrantes y casi cuatro nativos se vieron desplazados de su puesto trabajo, si bien no fueron expulsados hacia el empleo sumergido de donde venían los inmigrantes irregulares. A su vez, más de un nativo y casi dos inmigrantes con nivel educativo medio o alto entraron en el mercado laboral.

“La situación del 2005 y la actual no son comparables, aunque los datos de entonces son muy útiles para marcar el camino. Entonces la inmigración irregular era de una población que en buena medida había llegado en los años anteriores y la actual está más asentada, ya que para muchos la irregularidad es sobrevenida. Pero el problema de fondo es el mismo: hay una importante bolsa de empleo sumergido que podría aflorar y dotar de nuevos ingresos a la Seguridad Social y aliviar en alguna medida el sistema de pensiones. No es ninguna solución, pero sí una ayuda”, explica Vázquez-Grenno. De hecho, otro dato que recoge el informe es el incremento de la tasa de natalidad entre los inmigrantes una vez regularizados.

Conclusiones
El proceso abierto por Zapatero consolidó en el mercado laboral a un sector que venía del empleo sumergido

Una de las lecciones del proceso español del 2005 que se han repetido ahora en el italiano es el alto porcentaje de regularización de empleos vinculados al servicio doméstico: un 20% en el primer caso y hasta un 85% de las solicitudes aún pendientes de resolución en el segundo, frustrando el intento del Ejecutivo italiano de regularizar el sector agrícola, en buena medida por sus propias peculiaridades de temporalidad.

A nivel social, el estudio del IEB también señala dos beneficios bien documentados: los procesos regulatorios no suponen un efecto llamada y, a su vez, reducen de forma notable los incentivos para delinquir de un sector marginalizado que tampoco tiene un peso específico en la criminalidad.