El objetivo inicial de la cumbre virtual de este jueves los líderes de la Unión Europea era hacer únicamente balance de la pandemia de coronavirus. El veto de Polonia y Hungría al bazuka de 1,8 billones de euros, que forman el plan de recuperación y el marco presupuestario 2021 – 2027 en protesta por el mecanismo que vincula los fondos europeos al respeto del Estado de derecho, ha trastocado los planes y obligado a incluir una discusión que la gran mayoría daban por cerrada. Las posibilidades de encontrar una solución este jueves son nulas y crece la preocupación por la parálisis en la llegada de las ayudas europeas y la deriva en la que se han embarcado Varsovia y Budapest.

“En Bruselas hoy solo se ve a los países que dejan entrar a los inmigrantes como aquellos que están gobernados por el Estado de derecho. Aquellos que protegen sus fronteras no se consideran como países donde prevalece el Estado de derecho”, arremetía este miércoles en un comunicado el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. “Cualquier nuevo procedimiento destinado a penalizar a los estados miembros solo debería introducirse con una enmienda unánime a los tratados”, advirtió en un pulso compartido por su colega polaco, Matesuz Morawiecki. “Navegamos contra la corriente principal en Bruselas que tiene una visión específica de la UE”, y “decimos un fuerte ‘sí’ a la UE pero un fuerte ‘no’ a los mecanismos que nos castigan como a niños y tratan a Polonia y otros estados miembros de manera desigual”, añadía poco después el polaco ante su parlamentos.

A ambas capitales les ha salido un aliado de última hora: Eslovenia. Su primer ministro, Janez Jansa,  – el mismo que dio inicialmente por ganador a Trump en unas elecciones presidenciales estadounidenses que no ganó – ha remitido una carta a los presidentes de las instituciones europeas apoyando la tesis de Varsovia y Budapest de que el acuerdo político cerrado hace unas semanas entre la presidencia alemana de la UE y el Parlamento Europeo, sobre la nueva condicionalidad, va contra el pacto cerrado en el Consejo Europeo de finales de julio insistiendo en que solo un órgano judicial independiente puede decir qué es el Estado de derecho y no decisiones políticas adoptadas por una mayoría.

Su representante, sin embargo, no votó en contra del mecanismo en la reunión de embajadores de la UE del pasado lunes – que obtuvo la mayoría cualificada suficiente para seguir la tramitación – ni anunció su intención de bloquear la decisión sobre los recursos propios, necesaria para que la Comisión Europea emita deuda con la que financiar el fondo de recuperación, y que Varsovia y Budapest han tomado como rehén. 

Ante este terreno minado, el encuentro virtual de este jueves se presenta como la ocasión perfecta para pedir explicaciones a Orbán y Morawiecki y empezar a buscar la puerta de salida a este nuevo embrollo. “No creo que el Consejo tenga que hacer una propuesta, ni siquiera la presidencia alemana de turno de la UE en este momento. Hay que pedir a las dos capitales que expliquen cuál es su problema real porque es bastante difícil estar en contra de los procedimientos del Tratado”, apunta un diplomático del norte de Europa. “El señor Orbán tiene que plantearse si quiere seguir manteniendo este pulso por razones ideológicas. Sus últimas declaracion (sobre inmigración) empiezan a ser muy chuscas”, reprocha otro diplomático que ha seguido desde la cocina las negociaciones presupuestarias. 

“Uno empieza a estar cansado que después de tanto esfuerzo para incorporar las necesidades de unos y otros cada objeto de disenso se convierta en qué podemos hacer por ese país que, por cierto, siempre es el mismo que genera problemas en todos los temas”, añade advirtiendo de que bloquear el acuerdo de julio tendrá consecuencias. “Quien ha creado el problema son Hungría y Polonia y son Hungría y Polonia quienes tienen que solucionarlo”, insiste la misma voz. La realidad es que tras muchos meses de negociaciones hay un acuerdo político para vincular el desembolso de las ayudas al respeto del Estado de derecho y “es la línea roja que tenemos”, apuntan otras fuentes sobre un mecanismo que el Parlamento Europeo también ha dicho alto y claro que no piensa modificar. “No haremos nuevas concesiones”, advirtió este miércoles la conferencia de presidentes, que representa a todos los grupos políticos. 

En Bruselas y Berlín mientras tanto han empezado a trabajar en posibles alternativas y opciones para evitar que el gran fondo contra la pandemia que tanto necesitan algunos países, incluidos Polonia y Hungría, termine estallando y bloqueando el próximo presupuesto de la UE. Entre ellas desde una declaración política que ofrezca algún tipo de garantía a los dos países hasta una opción más nuclear como sería sacar el mecanismo de recuperación y resiliencia del fondo de recuperación y lanzarlo a través de un acuerdo intergubernamental que no requiera el aprobado de los 27. El secretario de Estado francés, Clement Beaune, confirmó el miércoles que la UE busca “soluciones prácticas” para resolver el problema que podrían pasar por “aclaraciones técnicas” pero si hace falta y “cómo último recurso” no descartan la opción nuclear de separar el mecanismo de recuperación. 

“Si hace falta examinaremos como último recurso cómo avanzar sin los países que bloquean porque Europa no puede ser retenida como rehén por un número de gobiernos que no desean avanzar ni respetar el vínculo esencial de nuestro proyecto político”, advirtió ante el Senado francés. De no lograr aprobar a tiempo las nuevas cuentas, la UE empezará a operar en 2021 automáticamente con un presupuesto de emergencia que permitirá gastar solo una doceava parte del presupuesto de 2020 cada mes lo que significa que no habrá financiación para las nuevas prioridades acordadas en materia de transición verde o digital ni habrá fondo anticrisis.