El fiscal superior de Canarias, Luis del Río, ha dictado una instrucción de común acuerdo con el fiscal de Sala de Menores en la que insta a sus compañeros del Ministerio Público en las islas a que modifiquen el criterio que han llevado a cabo hasta el momento de separar a los migrantes menores que llegan a las islas en pateras, acompañados de sus supuestos padres e interesa que ordenen «el ingreso de los menores en centros de protección junto con los adultos que aleguen ser sus progenitores, evitando así su separación en tanto se comunican los resultados de las pruebas de ADN realizadas«. Esta instrucción es de obligado cumplimiento.

Esta medida la adopta Del Río en consonancia con un nuevo escenario de pandemia y crisis migratoria, además de que no se han confirmado nuevos casos de delitos de trata de seres humanos en ese ámbito de menores llegados en embarcaciones, que era el principal fin del internamiento cautelar de dichos menores.

La instrucción recoge una nota de servicio remitida por el fiscal de Sala, José Javier Huete, dirigida a la fiscal delegada de Menores especialidad en la Fiscalía Provincial de Las Palmas, Aurora Pérez. En la misma, explica a modo de antecedentes que cuando llegaban menores acompañados de sus presuntos padres en patera a las islas, se les hacía pruebas de ADN para determinar su relación filio parental y mientras permanecían juntos en centros bajo la tutela de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia. En ese momento, se dieron casos en los que, al recibir los resultados, los menores y sus supuestos padres desaparecían quedando al margen de la actividad protectora de la administración.

Frente a esa situación y ante la sospecha de que en algunos de estos casos de traslado de menores se podían esconder actividades delictivas de trata de seres humanos, la fiscal de Menores de Las Palmas, de común acuerdo con el fiscal de Sala, ordenaba el ingreso de los mismos sin sus supuestos padres en un centro de la Comunidad Autónoma, asumiendo ésta la tutela automática del menor, hasta tanto se conociese el resultado de las pruebas de ADN realizadas.

Ahora, el fiscal superior Luis del Río determina que «si bien la alerta debe persistir«, la situación» ha evolucionado como consecuencia del transcurso de más de «nueve meses desde aquella contingencia, la interferencia que ha supuesto la situación de pandemia que ha dificultado y dificulta la realización de pruebas de ADN para acreditar la alegada filiación y que dilata de manera indeseada la notificación de los resultados de las mismas, así como el hecho de que la Administración ha dispuesto los medios necesarios para garantizar la protección de los menores y la permanencia junto a ellos de quienes manifiestan ser sus progenitores y/o guardadores en tanto se evalúan sus condiciones personales«.

Por esto «y con la prudencia que la situación aconseja, salvo que circunstancias externas revelen su necesidad», los fiscales de la Comunidad Autónoma «interesarán el ingreso de los menores en centros de protección junto con los adultos que aleguen ser sus progenitores, evitando así su separación en tanto se comunican los resultados de las pruebas de ADN realizadas«. Todo esto en consideración a que, »para dar mejor respuesta a las situaciones planteadas en el pasado«, el Gobierno de Canarias »dispone en la actualidad de plazas residenciales en las que es posible la convivencia en un mismo lugar de los/las menores y los adultos que los acompañen«.

Por último, advierte el Fiscal Superior que, aunque este nuevo es «de aplicación preferente», cederá en aquellos casos en los que «se considere que la convivencia del menor con el adulto que manifiesta ser su progenitor/a pueda provocar una situación de riesgo para su seguridad y/o su superior interés», determina Luis del Río.