Un mínimo de siete del total de 60 náufragos rescatados delante de la costa de Libia por el Open Arms que desembarcaron, el 4 de julio del 2018, en el puerto de Barcelona han recibido la notificación de que se les deniega su petición de refugio en España. Estos son los datos que maneja la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR-CEAR) que ha acompañado a una veintena de estas personas en su proceso para intentar conseguir el asilo.

Anna Figuera, abogada de CCAR-CEAR, comenta que estos siete hombres que huyeron de Bangladesh, Egipto y Burkina Faso han decidido iniciar los trámites para presentar un recurso contencioso-administrativo por la denegación ante la Audiencia Nacional. “Lo que lamentamos es una falta de respuesta para todos los refugiados del Open Arms por parte del Ministerio del Interior, pues se hubiera podido articular una solución global por razones humanitarias”, subraya Figuera. La ley de Extranjería prevé la autorización temporal de residencia por circunstancias excepcionales por razones humanitarias. Cabe recordar que esta es la salida que se dio el año pasado a cerca de 39.000 solicitantes de asilo venezolanos que no cumplían con los requisitos establecidos para ser reconocidos como refugiados.

El no a la protección internacional deja sin papeles y sin trabajo a personas que habían iniciado una nueva vida

La buena noticia es que tres de los ciudadanos del Open Arms atendidos por la CCAR-CEAR han obtenido la protección internacional (dos palestinos y un sirio) y dos, de Sudán y Egipto, el asilo.

“Lo que sustentamos es la situación de tortura y esclavitud que sufrieron en su paso por Libia. Estas agresiones dejan secuelas de las que difícilmente podrán tratarse si regresan a sus países de origen”, añade Figuera.

Lo que duele a las personas que han asistido a los náufragos del Open Arms es que el llamativo recibimiento que les dispensaron en el puerto de Barcelona, en el que no faltaron autoridades de todas las administraciones, hacía presagiar que se trabajaría para buscar una salida a hombres y mujeres que culminaron dramáticas rutas migratorias, en muchos casos huyendo de países con sangrantes conflictos. No ha sido así.

Lo triste es que algunas personas que ya habían conseguido iniciar un nuevo proyecto de vida en Catalunya, con empleos estables e integrados en la sociedad, se han quedado sin papeles y sin trabajo. Hombres que ya no dependían de la ayuda social deberán volver a recurrir a ella para subsistir o buscar una ocupación en la economía sumergida.

Cabe apuntar que la CCAR-CEAR ha seguido el caso de unas 20 personas que finalizaron el programa estatal de acogida para refugiados en Reus, el resto marcharon a otros países, tres menores entraron en centros de la Dgaia y dos mujeres de Etiopía realizaron todo el proceso en Barcelona.