2020 está siendo un año de lo más atípico pero, tras un verano de rebrotes, la vuelta a la rutina por excelencia sigue siendo septiembre. Un mes de reactivación y finalización oficial de las vacaciones escolares, aunque no con las mismas implicaciones para todos. Tras el comienzo de la crisis sanitaria, las familias migrantes han percibido aún más obstáculos a la hora de acceder a sus derechos básicos.

La llegada de septiembre en los hogares de las familias migrantes no viene sólo de la mano de una precarización generalizada y una crisis de cuidados. También de una vuelta al cole convulsa y semipresencial, que evidencia aún más la brecha cultural y económica del sistema educativo. De la misma forma que no todos los hogares cuentan con medios electrónicos para llevar a cabo trámites telemáticos, tampoco cuentan con facilidades para poder atender de forma efectiva el curso escolar. Y no sólo por la brecha digital; de acuerdo con Sandra Hernanz, abogada de extranjería de UNAES, esta diferenciación en el acceso a la educación de los hijos de familias migrantes ya existía antes de la pandemia. Hernanz cuenta que estos niños y niñas son habitualmente derivados a clases de diversificación, donde la calidad educativa no es comparable a la que se recibe en otras aulas. Por lo tanto, su expediente curricular real no se equipara al de otros compañeros de su edad. Tampoco se invierte en traductores, ni se homologa de forma correcta los cursos que se hayan realizado fuera de España.

Según el informe más reciente del Ministerio de Educación y Formación Profesional para el curso 2017-2018, el 78.75% del alumnado extranjero estaba matriculado en colegios públicos, donde la ONG LEECP (Liga Española de la Educación y la Cultura Popular) denuncia la falta de financiación presupuestaria: “La mayoría de materiales para la interculturalidad son señalados por los centros como obsoletos y se basan en dossieres o libros. No identifican recursos materiales que les ayuden a poner en práctica los conocimientos”. En relación a esto, Marga F; profesora de secundaria en Madrid, señala la importancia de la clase social en el desarrollo educacional. El nivel económico de las familias no sólo influye en la facilidad que tengan los alumnos de seguir el curso, sino también en el apoyo que puedan recibir en casa. “Muchas veces los padres de alumnos migrantes no pueden ayudarles porque tienen trabajos duros y no tienen tiempo. Además, muchas veces no saben cómo hacerlo porque no tienen estudios secundarios”, señala la profesora. Marga también cuenta cómo antes, con las clases de diversificación, se podía atender mejor las necesidades de los alumnos extranjeros. Pero con la LOMCE, se han suprimido y se han instaurado los PMAR (Programas de Mejora para el Aprendizaje y el Rendimiento), donde también se separa a los alumnos del grupo ordinario, pero sin que tengan la posibilidad de acceder directamente al título de Educación Secundaria Obligatoria. “Nos venimos quejando desde hace años por la situación de abandono institucional, porque cada año hay menos dinero y atención”, denuncia Marga.

Por otro lado, Hernanz señala también como factor importante los discursos de exclusión; estos calan en el alumnado y contribuyen a desplazar las necesidades de los niños de espacios de decisión y relevancia, además de normalizar conductas profundamente discriminatorias. Conductas que, según Marga, son luego interiorizadas y reproducidas por los propios niños migrantes dentro de las aulas. Estos discursos de señalamiento, a menudo promovidos desde las propias esferas políticas, se han institucionalizado de forma transversal en las vidas de las familias migrantes. No sólo en lo que respecta al sistema educativo, sino en la accesibilidad a derechos básicos en general.

“Los inmigrantes están sufriendo violencia institucional y las mafias se están aprovechando de esta situación para vender las citas, incluso llegando a 300 euros”

En esta línea, bajo el lema #RegularizaciónYa, diversas asociaciones han denunciado durante los últimos meses la imposibilidad de renovar la documentación. Muchas familias se encuentran en una situación de incertidumbre porque, con la llegada de la pandemia, la mayoría de citas previas han sido aplazadas y apenas se están concediendo nuevas: “Acceder a los trámites tan básicos como la renovación del documento de identidad o la toma de huellas se ha vuelto una cuestión de suerte, convirtiendo así un derecho en privilegio”, comenta Azahra, estudiante residente en Granada. Tanto ella como su familia son marroquíes, y las mafias han intentado estafar a su tío, pidiéndole dinero a cambio de conseguirle una cita. “Los inmigrantes están sufriendo una violencia institucional bastante importante, sin olvidar que las mafias se están aprovechando de esta situación para vender las citas, incluso llegando a 300 euros”.

En la misma situación se ha encontrado Sandra S; una mujer chilena residente en Barcelona, que colabora en la organización Papers per a Tothom y habla de cómo las citas se venden normalmente en locutorios, despachos de abogados o incluso a través de portales como Wallapop o Milanuncios. Hernanz explica que la corrupción no se queda únicamente en establecimientos ajenos al estado: “Para que alguien consiga asilo en dos días por 1.500 euros, tiene que pasar ante la Policía y funcionarios. Hay muchas personas implicadas”.

Este panorama conlleva situaciones críticas para las familias migrantes, ya que ante la imposibilidad de renovar su documentación, también queda fuera de sus posibilidades el poder formalizar contratos de trabajo, solicitar becas escolares u otros subsidios, así como acceder a otros recursos institucionales. A pesar de que el Ministerio de Sanidad emitiera el pasado mayo una orden que prorrogaba todas las autorizaciones que vencieran durante el estado de alarma y los tres meses anteriores, en muchas instituciones no se está aceptando la documentación fuera de plazo. “Existe una generalizada desinformación, ya que en muchas instituciones no aceptan la tarjeta hasta su renovación, a pesar de que se les diga que en la Policía no hay citas y que deben aplicar el Decreto vigente”, comenta Sandra Mileno, mujer colombiana residente en Fuerteventura. A pesar de la falta de medios en materia administrativa, sí que existe, por otro lado, una concentración de recursos en materia de seguridad y defensa, como parte de los Fondos Europeos compartidos con España (más de 310 millones de euros de Fondo de Seguridad Interior FSI, frente a los 245 millones destinados a Asilo, Integración y Migración legal en el periodo 2014-2020), según el estudio publicado por la fundación por Causa sobre la industria del control migratorio.

Las familias migrantes vienen percibiendo una falta de mecanismos que garanticen el cumplimiento de sus derechos básicos. La situación de crisis sanitaria ha exacerbado las dinámicas de opresión preexistentes, desestabilizando los hogares y dificultando la posibilidad de apoyar el desarrollo educativo de los niños, al tener que afrontar una situación de abandono institucional. Además, los discursos de exclusión parecen haberse afianzado en la agenda política hasta el punto de no llegar a abordar la vulneración de derechos como una cuestión prioritaria.