Almería, 19 sep (EFE).- El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja formulada por la Unión Federal de Policía (UFP) de Almería en la que se denunciaban diferentes aspectos relativos a la falta de medios para atender la llegada de pateras, apuntando que existen “carencias estructurales que van perpetuándose con el paso del tiempo y que deberían ser corregidas”.

Así consta en la respuesta remitida por el defensor Francisco Fernández Marugán a la UFP, a la que ha tenido acceso Efe, en la que explica que su oficina, en su condición de “mecanismo nacional de prevención contra la tortura”, ha visitado hasta en cinco condiciones el Centro de Atención Temporal a Extranjeros de Almería (CATE) en el puerto de Almería.

Asimismo, añade que la situación de la llegada de pateras “preocupa” al Defensor del Pueblo tras el cese del estado de alarma, precisando que se ha solicitado a la comunidad autónoma andaluza información sobre la resolución de 4 de julio, por la que “se da publicidad al protocolo de actuación ante posibles casos importados de COVID-19 en el contexto de la inmigración irregular”.

Subraya que, además, el pasado 17 de julio se iniciaron, con carácter de oficio, actuaciones con la Junta de Andalucía para conocer las medidas adoptadas para garantizar el adecuado seguimiento y control de “eventuales contagios”.

El Defensor del Pueblo ha solicitado también información acerca de los lugares de alojamiento designados, en coordinación con la Administración General del Estado, en aquellos casos en los que “no se realice la derivación urgente a un centro hospitalario”.

“A la vista de las quejas recibidas con posterioridad, se ha reiterado la remisión urgente de la información solicitada con esta misma fecha. Además, se ha dado traslado al Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de las actuaciones de oficio abiertas, en el mismo sentido que con Andalucía, con Canarias, Islas Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana.

Todo ello porque, según Fernández Marugán, estas cinco comunidades reciben a inmigrantes en situación irregular desde “hace años”, y desde que finalizó el estado de alarma “cientos de personas han sido rescatadas y se han activado los correspondientes operativos de respuesta humanitaria”.

“La situación provocada por esta pandemia ha motivado que (…) haya que adoptar medidas complementarias en el ámbito sanitario, que son competencia autonómica (…) Estas llegadas irregulares que se producen un verano más, este año con la terrible novedad del COVID-19, muestran las carencias estructurales que van perpetuándose con el paso del tiempo y que deberían ser corregidas”, recalca.

Entre los problemas planteados por la UFP al Defensor del Pueblo se encuentra un “catálogo de puestos de trabajo insuficiente” que deriva en una “falta de personal” en la Comisaría Provincial de Almería para atender esta situación; la falta de medios, “sobre todo de protección”, o la “legalización del CATE como calabozos policiales, con el máximo de control y garantías que ofrecen los mismos”.

La UFP también ha solicitado un protocolo que abarque toda la recepción de pateras; ha denunciado supuestos incumplimientos en el protocolo de la Junta relativo a las PCR que se realizan a los inmigrantes, y ha recalcado la imposibilidad de realizar ciertos aislamientos por falta de espacio en el CATE.