Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha decidido este lunes que la Administración del presidente, Donald Trump, podrá deportar a cientos de miles de migrantes que anteriormente recibieron el estatus de protección temporal por razones humanitarias.

Con dos votos a favor y uno en contra, el veredicto de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos anula una orden judicial que protegía a migrantes llegados desde El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán de ser deportados si tenían un litigio pendiente.

A juicio del Ejecutivo estadounidense, estos países ya son seguros para que los migrantes regresen a los mismos. La decisión del tribunal, que podrá apelarse, afecta a 300.000 migrantes y 200.000 menores que ya son ciudadanos estadounidenses.

15/08/2019. El Open Arms frente a las costas de Lampedusa. / EFE
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La juez Consuelo M. Callahan, que ha votado a favor de permitir las deportaciones, ha señalado que la ley federal no permite al poder judicial cuestionar las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional sobre qué países pueden recibir el estatus de protección para sus ciudadanos.

A Callahan, designada por el expresidente George W. Bush, se ha unido el juez Ryan Nelson, designado por Trump. En contra de permitir las deportaciones se ha situado la juez Morgan Christen, designada por el expresidente Barack Obama.

“Un cambio abrupto y sin explicación”
Según Christen, la Administración Trump ha cambiado las políticas y las prácticas migratorias sin someterse al escrutinio público. Así, considera que las acciones del Ejecutivo estadounidense son “un cambio abrupto y sin explicación”. Además, ha subrayado que, en la demanda, los avisos de deportación estaban motivados por prejuicios raciales y étnicos.

Interceptada una patera con 15 personas a unas 60 millas de Mallorca
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EUROPAPRESS
Unión Americana de Libertades Civiles: “El fallo no implica que el estatus de protección de estas personas quede revocado inmediatamente”
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que representa a los migrantes en riesgo de deportación, ha especificado que el fallo no implica que el estatus de protección de estas personas quede revocado inmediatamente.

Los titulares del estatus de protección podrán mantenerlo, en algunos casos, hasta febrero de 2021, mientras que los que procedan de El Salvador podrán extenderlo hasta noviembre del año que viene.