El pasado 29 de agosto era desmantelada en Mauritania una organización dedicada al tráfico de personas en cayuco hasta las Islas Canarias. La operación fue llevada a cabo por el Equipo de Cooperación Internacional que conforman agentes de Policía Nacional y de la República Islámica desde 2008, dos años después de la crisis migratoria que desembocó en la llegada al archipiélago de 39.000 personas.

El funcionamiento de estas patrullas conjuntas y de la colaboración del gobierno mauritano, clave entonces en la cauterización de ese flujo, cuesta 10 millones de euros al año que España afronta en solitario, como también en otros escenarios como Senegal o Mali. Pero la reactivación de la ruta atlántica por parte de las mafias ha multiplicado la presión en estos países de origen y tránsito, como lo demuestran cifras publicadas ayer por Efe, según las cuales en la última quincena habrían sido atendidos en Canarias 1.277 inmigrantes, la mayor cifra desde hace más de una década.

A mayor presión, mayor es el precio en términos de medios y de dinero que reclaman los aliados africanos para seguir ayudando en la tarea de frenar este fenómeno. Es la lección que ha enseñado Rabat, cuyo celo contra las pateras en el Mediterráneo se disparó a la vez que lo hacían los fondos millonarios que por primera vez le comprometió la UE, una fórmula mágica con las que en 2019 la inmigración irregular con destino a España se redujo a la mitad. Ahora toca aplicar los esfuerzos con los socios subsaharianos y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajará el viernes a Mauritania llevando en el avión a la comisaria de la UE responsable en materia de inmigración, la socialista sueca Ylva Johansson, para que vea con sus ojos y escuche en directo lo que en Bruselas casi siempre conocen solo por informes técnicos.

Fue ella misma quien lo hizo público la pasada semana, en una comparecencia en la que subrayó que la pandemia y sus fronteras cerradas han reducido los movimientos secundarios de inmigrantes dentro de la Unión y agravado el problema en los países receptores: España, Italia y Gracia. En Canarias, dijo, el crecimiento de las llegadas ha sido «vertiginoso», una óptica que se corresponde con el aumento interanual en términos porcentuales en torno al 600%, aunque en números reales no puede hablarse de avalanchas. Las estadísticas de Interior certificaban 3.933 rescatados a fecha 31 de agosto que, no obstante, han desbordado las posibilidades de acogida y de puesta en cuarentena que la Administración autonómica está ejecutando como puede después de que el gobierno de Pedro Sánchez se desentendiera de ello. Reflejo de las dificultades han sido estos días atrás las imágenes de los inmigrantes pernoctando en tiendas de campaña en un puerto de Gran Canaria.

A la saturación del archipiélago están contribuyendo la práctica paralización de los traslados de inmigrantes a la Penínsulas y de las repatriaciones a países como Mauritania, que desde hace año recibe de vuelta a todo el que haya salido de sus costas en un cayuco o patera sea o no mauritano, aunque esta dinámica está también en suspenso por causa del Covid. Su recuperación, al margen de asuntos como el crimen organizado y el terrorismo, serán objeto prioritario de diálogo de esta visita.