La sociedad española ha cambiado mucho en la última década. El 16,32 por ciento de su población (7,74 millones de habitantes) son inmigrantes. «Estamos ante el nacimiento de una nueva sociedad, una sociedad multiétnica», aseguró este martes, Juan Iglesias, profesor del Instituto de Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas, durante la presentación del informe «Un arraigo sobre el alambre».

El estudio -elaborado junto a Cáritas Española a partir de una encuesta estatal para evaluar cuál ha sido en la última década el proceso de integración de los habitantes de origen inmigrante- revela que el perfil de la población extranjera afincada en nuestro país es muy diferente a la que ha construido el imaginario colectivo.

Su edad media es de 36 años (frente a los 44 de los nacionales), mujer (52 por ciento), con una estancia media de 13 años y con estudios universitarios (23 por ciento). «Una cifra similar al nivel de estudios de los españoles que ronda el 29 por ciento de universitarios», aseguró Iglesias. Pese a ese enorme capital humano, la población imigrante sufre una gran segregación laboral y económica.

La gran mayoría de los trabajadores inmigrantes (75%) desempeñan ocupaciones en servicios elementales como son los cuidados, la construcción y la hostelería. Además su movilidad hacia mejores empleos es muy reducida. La gran mayoría que se ocuparon en trabajos elementales al llegar a España (60 de 81) siguen enclaustrados en ellos después de tres lustros de estancia media en el país, señala el informe.

Su ingreso medio mensual es de 926 euros, un 38% menor que el de los trabajadores españoles. Esto provoca que su tasa se exclusión social sea más del doble respecto a los españoles de nacimiento.

Rostro femenino
La feminización de la inmigración es otro factor que agudiza la exclusión. En la última década, la población extranjera femenina que ha llegado a nuestro país ha aumentado un 3,5 por ciento y ya representa el 52 por ciento de los inmigrantes.

«Las mujeres son las que mejor se sienten entre nosotros, las que cuidan de nuestros mayores y niños, las que mantienen limpias nuestras casas, colegios y oficinas, pero las que sufren la peor segregación laboral y las que menos ingresos obtienen. Y aquí se cruza la doble discriminación, porque no solo se ven negativamente afectadas por los mencionados procesos de discriminación étnica, sino también por procesos de desigualdad basados en género», aseguró Daniel Rodríguez de Blas, del Equipo de Estudios de Cáritas.

Para Iglesias, el trabajo «flexible y barato» de la población inmigrante se ha convertido en «el núcleo asalariado central de nuestro modelo de crecimiento intensivo basado en sectores de baja productividad». El trabajo femenino dentro de este colectivo «es además el recurso central que permite organizar y costear las tareas domésticas y de cuidado esenciales en una sociedad tan envejecida como la española», añade.

Contrariamente a lo que señala el imaginario colectivo, la inmigración tiene una tasa de actividad muy alta (72% frente al 57% de los españoles) y pese a ser más vulnerable es la que menos recursos utiliza de los sistemas de protección social. Solo un 15,5% de los hogares inmigrantes en España reciben ingresos «sociales» –rentas mínimas, prestaciones desempleo, pensiones, becas, ayudas de organizaciones sociales, etc.- y solo un 12,3% de ellos rentas procedentes del sistema público.

«La juventud de la inmigración se traduce en mayores tasas de natalidad y menor utilización de determinados servicios, como el sanitario. Si a la mencionada juventud le unimos sus altas tasas de actividad, se evidencia que la población inmigrante supone una notable contribución al crecimiento económico y al equilibrio del gasto social, mejorando la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar social», señaló Rodríguez de Blas.

«Existe un riesgo de que el malestar social se etnifique»
Pese a la grave segregación laboral y económica que sufre la población inmigrante en nuestro país, se ha mantenido cierta cohesión social. El estudio atribuye esta baja conflictividad étnica a que los extranjeros han asumido «un rol de cierta inferioridad con respecto a la población nativa», ya sea por la necesidad de mantener sus permisos en regla o la obligatoriedad de obtener ingresos para mantener a sus familas en los países de origen. Además también han sostenido «un amplio consenso democrático que ha funcionado como dique de contención ante actitudes xenófobas o racistas».

Pese a esos buenos niveles de arraigo y de cohesión social, los autores del estudio advierten de que existe, «especialmente entre la población nativa trabajadora, un profundo malestar social producto del crecimiento del precariado y del deterioro de las oportunidades vitales en la última década». Este malestar social alertan «puede verse etnificado en cualquier momento». De hecho, recuerdan que en las pasadas eleccciones generales «algunas propuestas electorales rompieron el consenso de la transición, intentando etnificar el conflicto social al señalar a la población inmigrante como responsable de la cuestión social».

Para evitar romper este equilibrio, los autores apuestan por «el retorno a unas políticas de integración que reduzcan las desigualdades entre ciudadanos y que, para ser inclusivas y efectivas, no tengan el apellido de ningún colectivo más allá que el de la globalidad de las personas y familias más vulnerables de la sociedad».

Duante la presentación del informe, la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, abogó por «una sociedad que acoja y proteja a los millones de migrantes que viven con nosotros, haciéndoles sentir que no están solos, y por promover e integrar, construyendo juntos un futuro mejor». «Para nosotros –dijo—es importante evidenciar las enormes dificultades de las personas migrantes para obtener una autorización de residencia y trabajo y la enorme sencillez con que ésta se pierde. Y aunque aplaudimos que se hayan tomado algunas medidas que permitan que no aumente la irregularidad sobrevenida como consecuencia de la Covid 19, consideramos que la normativa de extranjería deber ser revisada con el objetivo de evitar que las personas extranjeras vivan en permanente riesgo de caer, de nuevo, en la irregularidad».