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El Defensor del Pueblo ha exigido respuestas al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y algunas comunidades, al haber recibido quejas reiteradas procedentes de comunidades como Andalucía, donde aseguran que se están produciendo casos de personas que se encuentran en la calle en Almería, tras haber llegado en patera 72 horas antes y que son puestas en libertad, al no haber hecho las autoridades andaluzas las pruebas PCR necesarias para ingresar en el sistema de acogida.

Según las quejas recibidas, estas personas no habrían sido derivadas a ningún servicio de asistencia, ni habrían recibido información sobre los recursos de acogida existentes o sobre las medidas de higiene necesarias para frenar la transmisión del coronavirus.

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Esto fue lo que les ocurrió a un grupo de 12 de migrantes que durmió el pasado martes en un parque de Almería sin ninguna autoridad prestándoles asistencia y sin que se les realizase la PCR.

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El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones discrepa con algunas comunidades receptoras de migrantes, sobre las medidas a la hora de recibir y aislar a recién llegados en patera, lo que provoca estas situaciones de desatención.

Recientemente se le ha añadido al documento de la Secretaria de Migraciones que las comunidades deben hacer la PCR a todos los que desembarcan y deben responsabilizarse de habilitar los espacios para realizar la cuarentena. Estas nuevas medidas han sido rechazadas por Murcia, Andalucía y Canarias.

La administración andaluza ha respondido a las quejas por no realizar la PCR diciendo que: “Nosotros seguimos nuestro protocolo”. Pero no solo no hacen el test rápido, sino que la cuarentena solo la realizan los positivos, sin tener en cuenta a los asintomáticos y los contactos de los positivos.

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EFE
El incumplimiento del protocolo de atención a los migrantes ya ha afectado a más de un centenar de personas que han pasado por el Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE) del Puerto de Almería y han salido tras las 72 horas de custodia policial sin un lugar al que acudir.

El defensor exige que se clarifique el protocolo sanitario
La situación planteada con la llegada de pateras tras el cese del estado de alarma preocupa al defensor del pueblo, que se ha dirigido a las consejerías de Sanidad de Andalucía, Canarias, Comunitat Valenciana, Baleares y Región de Murcia y ha dado traslado de dichas actuaciones al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La institución cree que la situación provocada por la pandemia necesita, junto a esa respuesta humanitaria, medidas complementarias en el ámbito sanitario, que son competencia autonómica para garantizar el adecuado seguimiento y control de eventuales contagios.

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La institución envió un escrito al consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía el pasado 27 de julio para conocer si las personas migrantes que estaban llegando a sus costas habían necesitado asistencia sanitaria específica y reiteró dicha petición el 7 de agosto.

Para el defensor es urgente que la autoridades sanitarias andaluzas, en coordinación con el Gobierno, clarifiquen el protocolo sanitario que se sigue a la llegada a costas de las pateras.

Sin atención jurídica
Otras quejas relatan varios casos en los que migrantes llegados a Canarias habrían sido alojados en dispositivos temporales sin haber recibido una atención jurídica adecuada.

La institución insiste una vez más en que la asistencia letrada no se puede convertir en una mera asistencia formal en el procedimiento y ha informado al Consejo General de la Abogacía de esa carencias.

Recuerda esta asistencia que, a través del turno de oficio, reciben los extranjeros que llegan a nuestras costas debe garantizar que se recibe un asesoramiento individualizado, con presencia de intérprete y que la persona comprende los derechos que le asisten y, en su caso, garantizar que su solicitud de protección internacional queda registrada de manera inmediata.

Para el defensor, la dispersión de competencias en materia de gestión migratoria y la ausencia de una coordinación eficaz entre los distintos niveles de administración del Estado, hacen que no se logre armonizar adecuadamente la protección de los derechos de las personas extranjeras.