La llegada de pateras con inmigrantes ilegales tras el fin del estado de alarma y el tratamiento que reciben estas personas en plena pandemia es una combinación que preocupa al defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán. En este sentido, la institución ha cuestionado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a las cinco consejerías de Sanidad de las comunidades receptoras de pateras Andalucía, Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias y Murcia sobre las medidas sanitarias que están tomando por la covid-19 para «garantizar el adecuado seguimiento y control de eventuales contagios».

El organismo quiere conocer el estado de los lugares de alojamiento asignado para aquellas personas que no son derivadas con urgencia a un centro hospitalario. El Defensor del Pueblo alerta que ha recibido numerosas quejas sobre inmigrantes ilegales que viven en la calle concretamente en Almería «tras haber llegado en patera 72 horas antes» y sin que las autoridades sanitarias andaluzas hayan realizado «las pruebas PCR necesarias para ingresar en el sistema de acogida».

El Defensor del Pueblo también es muy crítico con la «dispersión de competencias». «La ausencia de una coordinación eficaz entre los distintos niveles de Administración del Estado, hace que la crisis provocada por la covid-19 convierta la acogida de inmigrantes en una suerte de carrera contra el tiempo, que no solo no ofrece respuesta a los problemas de fondo, sino que tampoco logra armonizar adecuadamente los derechos de las personas extranjeras en situación de vulnerabilidad», reflexiona la institución.

Considera «urgente» que los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Gobierno central se reúnan para diseñar un sistema que tome «en consideración» todas las vertientes que supone «la gestión de la irregularidad documentales de quienes no son expulsados».