Ante la inoperancia del Ministerio de Sanidad, que como ya informó el domingo este diario se ha desentendido de la gestión encomendada a las autonomías de los inmigrantes en tanto posibles portadores de Covid-19, el Defensor del Pueblo ha decidido actuar y dirigirse él mismo a las Comunidades para informarse de qué medidas están adoptando para abordar estos casos y qué lugares están designando para el cumplimiento de las obligatorias cuarentenas.

En concreto, la institución que dirige en funciones Francisco Fernández Marugán, se ha declarado en un comunicado preocupada «por la situación planteada con la llegada de pateras tras el cese del estado de alarma», que ya ha generado múltiples episodios de inquietud social a raíz, sobre todo, de la fuga de inmigrantes que se han venido registrando en centros de Murcia, Granada o Cádiz donde habían sido confinados. El Defensor ha solicitado datos a las consejerías de Sanidad de Andalucía, de Canarias, de la Comunidad Valenciana, de las Islas Baleares y de la Región de Murcia, que también ha pedido al Ministerio de Inclusión y Migraciones que dirige Javier Escrivá.

El escrito detalla que el Defensor del Pueblo quiere saber qué se está haciendo «para garantizar el adecuado seguimiento y control de eventuales contagios» en el contexto de la inmigración irregular, así como que se le especifiquen las instalaciones que se están utilizando para alojar a estas personas cuando «no se realice la derivación urgente a centro hospitalario», esto es, positivos asintomáticos y contactos estrechos.

Se da la circunstancia de que el documento de Fernández Marugán habla en este sentido de «alojamientos designados en coordinación con la Administración General del Estado», cuando la denuncia de regiones como Andalucía, Canarias y sobre todo Murcia es que son ellas mismas las que están teniendo que dotar en solitario naves, pabellones o equipamientos escolares para las cuarentenas sin ayuda alguna del Ejecutivo, y en algunos casos incluso alquilando hoteles. Todo a cuenta de las arcas regionales y sumando el coste de la seguridad privada interior. En Murcia y en Canarias se ha solicitado poder aprovechar recursos vacíos del Ministerio de Defensa y les ha sido denegado.

No deja de ser llamativo también que el Defensor indique que, junto a la «respuesta humanitaria» que antes y ahora se da a los inmigrantes a su llegada a España, sea también necesario adoptar en este momento «medidas complementarias en el ámbito sanitario, que zanja Marugán son competencia autonómica», cuando las propias autonomías afectadas cuestionan que tengan que hacerse cargo de esta responsabilidad y se han rebelado tratando de devolvérsela al Gobierno de Pedro Sánchez. Es, recuerdan, Inmigración, lo que la Constitución contempla como cosa exclusiva del Estado.

En su comunicado, el Defensor del Pueblo refiere haber recibido «quejas reiteradas» procedentes de Andalucía que aseguran estar viendo en la calle a personas llegadas en patera 72 horas antes «y que son puestas en libertad al no haber hecho las autoridades andaluzas las pruebas PCR necesarias para ingresar en el sistema de acogida». Ayer, también en Andalucía, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Víznar (Granada) pedía a la Junta que dirige Juan Manuel Moreno un «esfuerzo» para garantizar la protección de 35 inmigrantes que cumplen cuarentena en un albergue juvenil y también de los vecinos y profesionales que están a cargo de la instalación.

Al margen, en relación con el brote de Covid detectado en Albacete que obligó a confinar a 400 temporeros, l a Fiscalía ha tomado declaración alcalde, la delegada de Sanidad del Gobierno regional y el subdelegado del Gobierno para que explicaran sus competencias y gestión del confinamiento, que inicialmente se hizo hacinando a todo el grupo en un pabellón en contra de las indicaciones del juez.