La Delegación del Gobierno en Canarias busca «con toda la celeridad» nuevos centros para acoger a inmigrantes y que estén disponibles antes del inicio del próximo curso. Muchos de los inmuebles utilizados en este momento como recursos de atención son propiedad de las administraciones autonómica y locales – sobre todo pabellones y residencias escolares-, y deben ser devueltos antes de septiembre para destinarlos a su uso habitual por parte de escolares y de la población local.

La proximidad del comienzo del curso escolar es una dificultad más para la acogida de inmigrantes, ya que el repunte en la llegada de pateras y las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria han saturado los centros existentes en Canarias y obligado al Estado a buscar la colaboración de las instituciones de las islas para darles cabida.

Solo desde Cruz Roja se ha indicado que de las 1.054 personas que tenía acogidas el pasado jueves en los 11 centros que gestiona en el archipiélago, en torno a 400 deben ser reubicadas en septiembre.

El propio presidente canario, Ángel Víctor Torres, señaló la semana pasada al término de una reunión sectorial con diferentes ministerios para encontrar respuestas a esta situación que las instituciones canarias han cedido a la Delegación del Gobierno una treintena de recursos de acogida el 90% de los que existen en este momento en el archipiélago y la mayoría son de la comunidad autónoma, sobre todo de Educación.

La precaria situación para la atención de inmigrantes, que va a empeorar con el inicio del curso, ha llevado a Torres a insistir ante el Gobierno del Estado en que se dispongan instalaciones dependientes de Madrid, sobre todo del Ministerio de Defensa y de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), aunque aún no existe una respuesta cerrada sobre este asunto.

La Delegación del Gobierno trabaja para establecer una red estable de centros en varias isla aunque de momento no se ha concretado la apertura de ninguno, ni siquiera el CIE de El Matorral, en Fuerteventura que, en principio, era la infraestructura de acogida que antes se iba a poner en marcha. En cualquier caso, el delegado, Anselmo Pestana, ha señalado que aunque cuente con esta red de centros, seguirá recurriendo a instalaciones tanto de la comunidad autónoma como de los cabildos y ayuntamientos.

Durante el estado de alarma decretado por la pandemia, las autoridades sanitarias españolas impusieron la obligatoriedad de que todos los extranjeros que lleguen a España pasen 14 días de cuarentena. Esta circunstancia, unida al cierre del CIE de Barranco Seco, la suspensión de las derivaciones a otras comunidades autónomas y al resto de la Unión Europea, así como la suspensión también de los vuelos de repatriación acabaron por saturar los centros de acogida.

Unos espacios que ya tenían problemas desde que en los últimos meses del año pasado se registrara un repunte en la llegada de pateras, lo que dio lugar a una reunión con presencia de los ministerios de Interior y Migraciones en febrero. Entre aquella reunión y la celebrada la pasada semana con los ministerios de Migraciones y Política Territorial se han producido pocos avances y los inmigrantes siguen llegando a las costas de Canarias, ruta que ha sumado 3.512 inmigrantes hasta este pasado fin de semana.