“Deplorables”. Ha sido la palabra elegida por Pedro Sánchez para describir las condiciones en las que viven los temporeros inmigrantes que recogen la fruta y verdura en España. La misma que utilizó el Defensor del Pueblo para pedir a las autoridades una solución inmediata. La misma que empleó el Relator especial de la ONU sobre pobreza extrema para afear a España su inacción, en plena pandemia, y exigir medidas “antes de que la gente muera”. La crítica se repite, sin que las soluciones aparezcan.

Esas “deplorables” condiciones no son nuevas, acumulan décadas de denuncias, pero han desatado la atención de todas las autoridades implicadas cuando se han convertido en riesgo para la salud pública. Los brotes surgidos en el contexto de los temporeros inmigrantes de Lleida o Albacete han evidenciado un peligro del que los jornaleros y las organizaciones que los apoyan advirtieron desde el inicio de la epidemia.

“Tenemos que encontrar una respuesta”, indicó este lunes el presidente del Gobierno en una entrevista de Telecinco. Según apuntó Sánchez, “los consejeros de Agricultura y los de Sanidad, junto con los ministerios de Agricultura y Sanidad están poniendo en marcha protocolos precisamente para mejorar su protección”. Desde el departamento dirigido por Salvador Illa aseguran a elDiario.es estar “trabajando en ello”, sin adelantar más detalles.

“Las malas condiciones de alojamiento es lo que ha hecho que las infecciones se propaguen en Lleida. Los temporeros viven confinados en espacios pequeños e incluso algunos duermen en la calle”, sostiene Helena Legido, profesora asociada en la Escuela de Salud Pública Saw Swee Hock de la Universidad Nacional de Singapur, experta en migración y salud: “Ya sabíamos que esto podía pasar porque lo hemos visto en Singapur”. Las precarias residencias de los trabajadores migrantes impulsaron un repunte de casos en el país asiático, donde les proporcionaron viviendas “adecuadas” y les realizaron un “seguimiento médico”. En España, a pesar de la gravedad del rebrote de Lleida, aún no se han tomado medidas al respecto: “Tendríamos que mejorar sus condiciones y ademas asegurarnos de que todos tienen contrato y tarjeta sanitaria”, apunta la especialista.

Los temporeros llegan allí donde necesitan manos para recoger la fruta o verdura, algunos en situación irregular, pero ni los empresarios ni las autoridades locales les proporcionan un alojamiento digno donde vivir. En Almería y Huelva, los alojamientos son fabricados a base de palés, cartones y plásticos. Ellos mismos crean sus propias chabolas, o pagan a otros compañeros con más experiencia para que se las construyan. La sobreocupación impide en muchos casos conservar la exigida distancia social. La falta de puntos fijos de acceso a agua tampoco permite lavarse las manos con jabón después de recoger durante horas fruta y verdura que acabará sobre las mesas de miles de hogares españoles y europeos. 

“Pedimos puntos de agua fijos mientras las chabolas sigan existiendo, porque hay que poner un mínimo de dignidad en la vida de estas personas, pero no quieren que esos puntos sobrevivan a después de la emergencia”, denunciaba la Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Multiculturalidad (ASNUCI) en abril, en pleno pico de la crisis sanitaria, en relación a los asentamientos de Lepe (Huelva), que han sufrido incendios en las últimas semanas. Los mismos temporeros que dormían en condiciones insalubres en los asentamientos arrasados por las llamas duermen ahora a las puertas del Ayuntamiento de Lepe para exigir una solución. 

Se duchan gracias a la solidaridad de otros compañeros, pero cumplir con las recomendaciones sanitarias se complica. Tras más de una semana, el Consistorio ha ofrecido al Ejército una nave para crear un alojamiento de emergencia, y a su vez han anunciado una denuncia contra ASNUCI, la asociación que los apoya, por la acampada de los jornaleros frente a la sede municipal. “El Ayuntamiento recuerda a los organizadores, promotores y responsables de la concentración la situación actual de riesgo por COVID – 19, máxime cuando se ha registrado recientemente un caso positivo en el municipio”, afirmaron en un comunicado. Los temporeros llevan meses solicitando un alojamiento digno para poder cumplir con las recomendaciones sanitarias.

En Almería, desde Médicos del Mundo acumulan años denunciando las “infrahumanas” condiciones en las que residen los jornaleros inmigrantes bajo el mar de plástico. Vladimir Morante, miembro de la ONG, visita los asentamientos de Níjar y El Ejido desde hace una década para prestar atención sociosanitaria. La situación no cambia: “Desde hace más de diez años viven en la máxima precariedad. Es indigno: no tienen acceso a agua potable, ni a luz corriente, no tienen cuartos de baño”. En alguno de los asentamientos viven 400 personas: “Si surge un positivo, puede ser un polvorín”. 

Como ocurrió en Lleida, tras los repetidos avisos de las organizaciones sociales, la mecha se encendió en Albacete. Los diferentes colectivos y asociaciones que trabajan en la zona han denunciado durante años las precarias condiciones en las que se ven empujados a vivir los cientos de jornaleros que recogen la fruta y verdura en la época estival. "Son naves abandonadas donde se organizan para vivir desde hace más de 10 años: son verdaderamente pésimas. Hay una fuente de agua potable, pero no tienen baño… Vivían en condiciones insalubres", describen desde una de las asociaciones que presta apoyo a desde hace años a los jornaleros.

El 16 de julio, una persona de origen subsahariano con síntomas de COVID – 19 avisó de que residía en el asentamiento ubicado en la carretera que une Albacete Capital con la localidad de Las Peñas de San Pedro, donde suelen alojarse cada verano cerca de 400 jornaleros inmigrantes para trabajar en las distintas campañas agrarias del municipio. Tras las pruebas PCR realizadas, se ha detectado una veintena de contagios. Fue entonces cuando el Ayuntamiento anunció la clausura de las naves para “poner fin a este problema que la ciudad arrastra desde hace más de una década”. Los temporeros que no dieron positivo en los test fueron confinados por orden judicial en el recinto ferial de Albacete, un espacio que, según ha denunciado Médicos del Mundo, carece de “los medios necesarios para garantizar la salud de cientos de personas: sin aislamiento, sin aseos suficientes y sin un dispositivo sanitario que controle los casos positivos y sus contactos”.

En estos momentos, las entidades sociales se encuentran en negociaciones con el Ayuntamiento de Albacete, la Subdelegación del Gobierno, y la Junta de Castilla – La Mancha sobre el lugar donde podrán alojarse los temporeros con PCR negativa cuando llegue la finalización de su cuarentena, a la que restan escasos días.

La situación de irregularidad de muchos jornaleros es otro de los factores de riesgo, debido a su situación de clandestinidad, y su miedo a las autoridades. Una decena de temporeros de Albacete protagonizó una protesta tras la orden judicial de confinamiento por haber tenido contacto con infectados en el asentamiento ante el miedo de quedarse sin trabajo y, por lo tanto, sin ingresos. “Viven el día a día. Con lo que cobran cada día, comen ellos y mandan a su familia”, describe una de las entidades que los apoya. Si no tienen papeles, no tienen derecho a baja laboral ni a ningún tipo de ayuda económica durante la cuarentena. El confinamiento, además, coincidió con la cercanía de una fecha importante para quienes profesan la religión musulmana: la Fiesta del Cordero, momento en que sus familiares suelen necesitar aún más el dinero enviado por sus allegados emigrantes.

“El problema es que [los jornaleros ] pueden tener miedo de las autoridades y se hace complicado hacer el seguimiento”, analiza la especialista en Salud Pública y migración, quien recomienda a las autoridades un mayor esfuerzo en colectivos precarizados, como los jornaleros, ante su gran dependencia al jornal y la falta de acceso a ayudas públicas. “Hace falta mucho más personal para seguir su evolución a aquellos que están infectados y, ademas, hay que hacer un seguimiento de sus contactos. Para eso hay que ir a buscarlos, darles confianza y asegurar que se les dará tratamiento medico. A aquellos que están contagiados se les debería dar acomodación y pagarle su jornada”, defiende Legido.

Desde hace meses más de mil colectivos piden al Gobierno una regularización masiva de los inmigrantes sin papeles en España, apoyada por Unidas Podemos pero descartada por el Ejecutivo. “Los migrantes sin papeles han estado dando cara, dando a comer a toda España, a toda Europa. Esos mismos hombres y mujeres están viviendo en Huelva y Almería en asentamientos chabolistas. Sin luz, ni agua potable. En Lleida literalmente viven en las calles”, recuerda Seydou Diop, jornalero y portavoz de ASNUCI. “España tiene una deuda con los miles inmigrantes que están en el Estado español sin papeles”.

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