“La peligrosa forma de irrupción era una opción elegida por los propios inmigrantes, y en ella, entre los obstáculos que habría tras superar a las fuerzas marroquíes tanto en tierra como en el mar, se hallaba la ineludible actuación policial española, protagonizada por agentes de la autoridad que cumplían con su deber, como pueda ocurrir habitualmente en cualquier frontera, sin que existan elementos probatorios para sostener ni siquiera indiciariamente una desproporción en su actuación”, concluye la Audiencia de Cádiz al decretar el sobreseimiento libre de la causa abierta contra 16 agentes de la Guardia Civil por la muerte de 15 inmigrantes en aguas cercanas a la playa ceutí de El Tarajal.

En un auto, al que ha tenido acceso EL MUNDO, los magistrados estiman los recursos de apelación formulados por las representaciones de los guardias civiles contra el sobreseimiento provisional dictado por el juzgado de instrucción y decretan que cierre definitivo de la causa al considerarla “cosa juzgada”.

PUBLICIDAD

Ads by Teads
En la resolución, la Audiencia de Cádiz califica como “hecho incontrovertido” que se produjo un intento por parte de los inmigrantes de “trasvasar la línea fronteriza bordeando por el mar el espigón donde termina la valla divisoria” de Ceuta y que, “de manera sorpresiva y en avalancha”, llegaron “unos trescientos inmigrantes en una desordenada aglomeración que hizo intervenir en el lado marroquí a las fuerzas auxiliares (”mehanis") quienes con el empleo de medios violentos y a base de pedradas y palos, consiguieron impedir el avance de unos cien, de manera que los otros aproximadamente doscientos, casi en su totalidad, se arrojaron al mar, en una evidente e incontestable puesta en peligro antes de que iniciaría su actuación la Guardia Civil que se hallaba al otro lado de la frontera".

Los magistrados subrayan que “lo cierto es que la actuación de la Guardia Civil tuvo un carácter progresivo, comenzando a intercalar disparos de salva con los de bolas de goma, y más tarde el lanzamiento de algún bote de humo, y se pone en evidencia su proporcionalidad y flexibilidad por hechos irrefutables como son que, a pesar de su finalidad, no consiguieran establecer una barrera infranqueable, dado que hubo 23 inmigrantes que lograron pasar, y que ninguno de estos sufriera lesión alguna, como pudo comprobarse tras arribar a la playa o ser recogidos por las embarcaciones de salvamento, sin olvidarnos de que tres de los inmigrantes que pasaron lo hicieron por tierra y fueron rescatados en unas cavidades rocosas de la escollera”.

SATISFACCIÓN DE LOS GUARDIAS CIVILES
En un auto demoledor para las acusaciones, ejercidas por la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes, la Asociación Obervatori de Drets Humans (DESC) y la Asociación Sociedad Humana, la Sala explica que “no hay prueba indiciaria que contradiga la afirmación de que la actuación policial se ajustó a los principios básicos exigibles para estas intervenciones, con la utilización de medios de control de masas de forma adecuada y proporcional a las circunstancias del caso, con una finalidad disuasoria primero, y después de canalización, sería descabellado atribuir a todos y cada uno de ellos, incluyendo a los que pudieron haber actuado de manera escrupulosa en el cumplimiento de su deber, la responsabilidad criminal por alguna hipotética desviación de algún miembro del grupo más descuidado o incluso malintencionado”.

Este auto supone una victoria judicial para los guardias civiles y sobre todo para el capitán del Instituto Armado, representado por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO), que no se conformó con el sobreseimiento provisional de los hechos dictado por el Juzgado de Instrucción Número 6 de Ceuta e insistieron en solicitar el sobreseimiento libre en apelación.

PUBLICIDAD

Ads by Teads
Desde la Unión de Oficiales han señalado que “se ha hecho justicia ya que queda demostrado que los agentes de Guardia Civil actuaron conforme a la legalidad vigente en funciones de impermeabilización de frontera. El trabajo ha sido duro pero satisfactorio”. Contra esta resolución cabe interponer recurso ante el Tribunal Supremo en el plazo de cinco días.