En Costa Rica, la proporción del valor agregado producido por las personas inmigrantes es superior a su proporción entre la población costarricense, según la OCDE. La mayoría de estas personas son de origen nicaragüense. Al igual que en otros países, la pandemia ha hecho aún más evidente la desigualdad socioeconómica y la discriminación que existe en contra de la población nicaragüense que habita en Costa Rica, a pesar de la interdependencia que existe entre ambos países y el papel fundamental que los nicaragüenses desempeñan en la economía del país.
Costa Rica es el principal destino para las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas nicaragüenses. En el país viven alrededor de medio millón de nicaragüenses que representan más del 75% de la población extranjera en el país. La mayoría cruzaron la frontera en busca de mejores oportunidades económicas y de vida, sin embargo, desde abril del 2018, como consecuencia de la crisis política, la represión y la persecución hacia opositores al régimen de Daniel Ortega y su esposa —quien también es vicepresidenta del país— Rosario Murillo, cerca de 100.000 nicaragüenses han llegado a Costa Rica en busca de protección internacional.

La inserción laboral de las personas nicaragüenses en Costa Rica tradicionalmente se ha dado en el sector informal del país. Se desempeñan principalmente en ocupaciones de baja cualificación tales como el trabajo doméstico, la construcción, la agricultura, la seguridad. Aquellas personas que han solicitado refugio a raíz de la crisis política suelen tener un mayor nivel educativo y les es muy difícil volver a ejercer su profesión en Costa Rica.

Con la llegada de la pandemia, muchas personas nicaragüenses perdieron su fuente de ingresos. Su ya precaria situación de vida empeoró y las posibilidades de acceder a programas de asistencia humanitaria del Gobierno costarricense son muy limitadas o inexistentes.
“Se han incrementado de manera considerable las dificultades económicas para solventar necesidades básicas (pago de vivienda, alimentación y artículos de higiene) y por ende la necesidad de brindar ayuda humanitaria (…) Emocionalmente, la ansiedad, depresión, la ideación suicida, la violencia, así como la muerte por covid-19 de familiares de las personas desplazadas que se encuentran en Nicaragua son las principales necesidades detectadas” afirmó Marisol Matamoros de la organización RET internacional.

El coronavirus llegó a Costa Rica a inicios del mes de marzo. El país cerró sus fronteras y desplegó un fuerte operativo fronterizo en la línea limítrofe con Nicaragua. El objetivo: tratar de evitar el ingreso de personas nicaragüenses en condición irregular que pudieran portar el virus dado el manejo negligente de la pandemia por parte de Nicaragua. Esto contribuyó al incremento de la xenofobia. El Ministerio de Seguridad reporta más de 15.500 personas rechazadas en puestos de entrada al país a la fecha.

El cierre de fronteras significó también, más barreras para las personas solicitantes de refugio en Costa Rica, pues ahora solo pueden presentar su solicitud en puestos fronterizos, se eliminó la posibilidad de hacerlo en las oficinas de la Dirección General de Migración y Extranjería en San José y se inhabilitó la línea telefónica por medio de la cual se sacaba cita. Así pues, durante enero y febrero de este año, más de más de 3.200 personas de origen nicaragüenses en promedio por mes solicitaron refugio en Costa Rica, y para mayo solo se registraron 14 solicitudes de nicaragüenses, según información de la Dirección General de Migración.

Los operativos migratorios se han incrementado e intensificado también a lo interno del país. En abril, la policía y autoridades migratorias amenazaron con deportar a un grupo de refugiados y solicitantes de refugio nicaragüenses en la zona de Upala, una comunidad cerca de la frontera con Nicaragua. Esta situación fue denunciada por un grupo de organizaciones de la sociedad civil a través de un comunicado de prensa en el que condenaron las acciones y demandaron al Gobierno de Costa Rica el respecto del principio de no devolución y el derecho a solicitar asilo.
Además, se han dado contradicciones entre las políticas públicas y la puesta en práctica de estas. Al inicio de la pandemia, el Gobierno giró una directriz en la que establecía que toda persona independientemente de su condición migratoria o si tenía o no seguro social iba a ser atendida en el sistema público de salud si presentaba síntomas de covid-19. Sin embargo, el 29 de mayo anterior, el director regional de salud de la zona de Los Chiles —comunidad fronteriza— emitió una orden para que no se brindara atención a personas migrantes que no portaran “documentos” sin antes llamar a la policía y a las autoridades migratorias.

La reacción de la sociedad civil no se hizo esperar. Más de 20 organizaciones hicieron un llamado al Gobierno a “respetar los derechos de las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad, incluyendo a las personas migrantes”. El 11 de junio el Ejecutivo eliminó la directriz y reafirmó su compromiso de atender a toda persona que tuviera síntomas de covid-19. Sin embargo, aquellas personas que necesiten atención por otras enfermedades y no tenga seguro social o una condición migratoria regular deberán pagar su atención, práctica usual en el sistema público de salud costarricense.

Actualmente, Costa Rica enfrenta una segunda ola pandémica más fuerte que la primera. Personas que viven en situación de marginación social y económica en el Gran Área Metropolitana y en la Zona Norte del país están siendo las más afectadas. El pasado 4 de julio, un joven con fuertes síntomas de covid-19 y en estado crítico de salud llegó a uno de los principales hospitales, poco después falleció. Era una persona extranjera que no portaba documentos de identificación, no había sido diagnosticado con la enfermedad pues no había acudido al sistema de salud y vivía en una “cuartería”. Su diagnóstico se confirmó luego de fallecido.
La muerte de este joven visibilizó la situación de las cuarterías, unas edificaciones divididas en aposentos pequeños donde en un espacio muy reducido viven decenas de personas y familias en condiciones de extrema precariedad. El distanciamiento social y físico es imposible allí. Seis de cada diez personas que viven en estos inmuebles son extranjeros, principalmente de origen nicaragüense. Actualmente, las cuarterías están bajo fuerte resguardo policial, para evitar que las personas que habitan allí salgan del inmueble.

Semanas atrás, hubo un incremento significativo de casos de covid-19 en fincas dedicadas a la siembra y exportación de piña, yuca y otros productos agrícolas en la zona norte del país. Estas empresas contratan a personas nicaragüenses en condición irregular a quienes explotan, violan sus derechos y viven en condiciones de precariedad y hacinamiento. A pesar de la responsabilidad de los empresarios, Laura Bonilla, representante de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexo) y dueña de dos de las empresas clausuradas quiso culpar a las personas nicaragüenses de la situación afirmando a un medio local que “el gran problema es la migración de enfermos nicaragüenses”.

La xenofobia ha sido una realidad para los nicaragüenses en Costa Rica por muchos años. “Cuando estaba buscando un lugar para vivir, un tico [costarricense] me dijo que era mejor si otra persona tica llamaba por teléfono al apartamento que me interesaba, si no iban a saber que soy nicaragüense y no me atenderían” afirma Leticia (nombre ficticio) quien llegó a Costa Rica luego de ser perseguida en el contexto de la crisis sociopolítica del 2018 y aún espera una respuesta sobre su solicitud de refugio.
La pandemia ha venido a aumentar la xenofobia, lo cual es evidente sobre todo en redes sociales. Sin embargo, ciertas acciones, declaraciones y discursos del Gobierno han también ayudado a reforzar esta discriminación. Aun así, el Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica afirmó que “es sumamente peligroso que bajo una emergencia sanitaria como la actual los sentimientos de xenofobia se incrementen”.

A pesar del nivel de discriminación que experimentan los nicaragüenses en Costa Rica, su trabajo es fundamental para la economía del país. Así lo reconoció el mismo Ministro de Relaciones Exteriores “muchas de las actividades comerciales y empresariales que se realizan en Costa Rica dependen de mano de obra nicaragüense desde hace muchos años” dijo. Por otro lado, alrededor del 20% de las remesas en Nicaragua provienen de Costa Rica, la segunda fuente de remesas más importante después de los Estados Unidos.

A inicios de julio, el Ministerio de Salud confirmó la transmisión comunitaria en Costa Rica. El número de contagios más alto por día hasta la fecha es de 375 personas. Al 8 de julio había 5836 casos confirmados. El 30% de ellos corresponden a personas extranjeras. Cerca del 47% de los casos de covid-19 en población extranjera son de personas en situación irregular en el país.