El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó este jueves a Francia por no proteger de tratos inhumanos y degradantes a varios demandantes de asilo que durmieron en la calle y no recibieron ayudas durante los meses en los que se examinó su petición.

Francia deberá indemnizar con 10.000 y 12.000 euros por daños morales a tres demandantes y otros 2.936,8 euros a uno de ellos también por daños materiales, mientras que el caso de otro inmigrante fue archivado y otro de ellos no será indemnizado porque ya recibió una prestación social.

El primero, N.H., que recibirá en total casi 13.000 euros, es un afgano de 27 años y residente en París que llegó a Francia en marzo 2013. Presentó una demanda de asilo en abril de ese año y vio rechazada su petición de un permiso de residencia provisional.

En octubre le informaron de que su demanda de asilo sería estudiada por la Oficina francesa de protección de refugiados y apátridas, pero el subsidio temporal solicitado mientras tanto también le fue denegado.

En la calle y sin ayudas, no consiguió el estatuto de refugiado, pero se le concedió una ayuda económica y dos meses después una ONG le dio alojamiento.

El segundo indemnizado, K.T., que obtendrá 10.000 euros, es de nacionalidad rusa. Nació en 1990 y reside en Carcasonne. Llegó a Francia el 7 de enero de 2013 y presentó una demanda de asilo registrada cinco meses después.

Vivió en una tienda de campaña a orillas del río Aude y en octubre fue rechazada su demanda. Intentó varias veces, en vano, obtener un permiso de residencia.

El último demandante que vio recompensado su caso, con 12.000 euros, es A.J., un periodista iraní nacido en 1994 y residente en París. Llegó a Francia en septiembre de 2014 y recibió alojamiento en una ONG. Un mes después, presentó una demanda de asilo que no fue registrada y su solicitud de un alojamiento fue rechazada por “saturación”.

La solicitud de un permiso de residencia y una ayuda social también fueron rechazadas. Se reconoció su calidad de refugiado en 2015 y obtuvo alojamiento en una residencia para periodistas exiliados.

El fallo de Estrasburgo concluye que las autoridades francesas son responsables de las condiciones en las que vivieron meses en la calle, “sin recursos y sin acceso a cuartos de baño”, y subraya que esa situación, junto a la ausencia de una respuesta adecuada, alcanzó el umbral de gravedad del Convenio Europeo de Derechos Humanos.