Rangún (Birmania), 1 jul (EFE).- El Ejército de Birmania ha anunciado la condena a tres soldados por su papel en una matanza contra la minoría rohinyá en 2017, en el que sería el segundo fallo de este tipo, aunque no ha especificado ni la identidad de los condenados, ni las penas, ni los crímenes concretos.

“Sus crímenes fueron cometidos mientras servían en la protección de la defensa del Estado, y estamos seguros de que no los cometieron de forma intencionada”, explicó a Efe este miércoles Tun Tun Nyi, portavoz del Ejército.

En un escueto comunicado publicado el martes, el Ejército afirmaba que un tribunal militar había hallado culpables a un alto oficial, un oficial y un soldado “en relación a lo ocurrido en el pueblo de Gu Dar Pyin”, en el norte de Arakan (oeste de Birmania), durante las brutales operaciones militares llevadas a cabo en agosto de 2017 contra la población rohinyá.

En una entrevista telefónica con Efe, Tun Tun Nyi justificó el secretismo en torno al juicio con el argumento de que “publicar los nombres de los condenados, rangos y sentencias afectaría a la moral de sus compañeros”, mientras que las autoridades civiles birmanas no se han pronunciado sobre la sentencia.

El Ejército había anunciado en noviembre que establecería un tribunal militar para juzgar a varios soldados por lo acaecido en Gu Dar Pyin, donde militares mataron el 27 de agosto de 2017 a 10 de sus habitantes durante un enfrentamiento con la guerrilla insurgente del Ejército Rohinyá de Salvación de Arakan (ARSA).

No obstante, una misión de investigación internacional de la ONU afirma que el Ejército cavó varias fosas comunes donde enterró un elevado número de cadáveres tras la violencia y, según testimonios de supervivientes, unos 243 habitantes del pueblo podrían haber sido asesinados aquel día.

Esta es la segunda sentencia dictada contra uniformados birmanos por crímenes cometidos hace tres años contra los rohinyás, después de que siete militares fueran condenados en 2018 a diez años de trabajos forzosos por perpetrar el asesinato de diez civiles rohinyás en la aldea de Inn Dinn.

Sin embargo, los siete soldados fueron liberados cuando sólo habían cumplido 10 meses de su condena, mientras que los periodistas de Reuters que habían destapado la matanza de Inn Dinn, Wa Lone y Kyaw Soe Oo, estuvieron un total de 18 meses entre rejas por su investigación de la misma.

Ambas matanzas se produjeron en el contexto de una serie de “operaciones de limpieza” lanzadas por las fuerzas armadas birmanas como respuesta a varios ataques coordinados a cargo del ARSA el 25 de agosto de 2017, durante las cuales miles de civiles rohinyás fueron asesinados y más de 730.000 huyeron a la vecina Bangladesh, donde permanecen en el mayor campo de refugiados del mundo.

Por esa ofensiva militar, Birmania se enfrenta ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya a una acusación de genocidio contra los rohinyás, a quienes el Gobierno arrebató la ciudadanía a principios de los noventa por considerarlos “inmigrantes ilegales” bengalíes y ha sometido desde hace decenios a todo tipo de discriminaciones.

Aung San Suu Kyi, líder de facto de Birmania, encabezó la defensa del país el pasado diciembre en La Haya, donde negó el cargo de genocidio, aunque admitió la posibilidad de que se hubieran cometido crímenes de guerra en el conflicto con los insurgentes de ARSA y defendió la capacidad del sistema de justicia militar birmano para castigarlos. EFE