Inmigrantes disponibles durante todo el día por dos euros la hora

LA PANDEMIA PONE CONTRA LAS CUERDAS A MUJERES EN SITUACIÓN ADMINISTRATIVA IRREGULAR

Diario de noticias de Gipuzkoa, , 29-06-2020

DONOSTIA –La era poscovid ha abierto un debate sobre los cuidados a la dependencia en el País Vasco, en el que las mujeres inmigrantes en situación administrativa irregular no tienen voz ni voto, cuando son un pilar básico. Invisibles a la sociedad, ejercen un trabajo más que necesario en unas condiciones laborales que se sostienen sobre pies de barro. “Viven en un sistema casi esclavo”, denuncia Silvia Carrizo, socia fundadora de Malen Etxea, organización que trabaja en la CAV por la igualdad y la defensa de los derechos humanos de las mujeres migrantes.

Las políticas de cuidados se centran principalmente en centros residenciales, de día y en el servicio de Atención Domiciliaria (SAD). A partir de ahí es como si no hubiera nada más, cuando en realidad se cifra en 10.000 el número de mujeres extranjeras que, en la sombra, tienen una participación imprescindible con el desempeño de unas tareas muchas veces ingratas.

“Estamos ante una política infame porque el Gobierno adjudica una ayuda a la dependencia, para lo cual exige una cualificación profesional –asistente sociosanitaria en domicilio–, pero a la hora de validar el contrato, acepta que se lleve a cabo en un régimen especial, sin importarle las condiciones de la trabajadora ni su salario”. Se entrega así, según denuncian desde Malen Etxea, una ayuda pública vinculada a una cualificación profesional, pero a partir de ahí no hay seguimiento. “Eso está provocando que haya una explotación indiscriminada de las trabajadoras inmigrantes contratadas como cuidadoras en el régimen especial de empleadas de hogar”, asegura Carrizo.

No han recibido un solo aplauso estos meses atrás, invisibles, como si no existieran. Eso suponiendo que estas personas se encuentren en situación administrativa regular. De hecho, existe otro universo de trabajadoras que no han podido formalizar sus papeles, lo que complica muchísimo más las cosas.

La organización Malen Etxea tiene su sede en Zumaia, una casa de acogida en Zestoa y cuenta con más de 140 socias. Para todas ellas, hay una lectura clara tras esta primera oleada: las internas son “esenciales”, pero a nadie le importa el modo en el que desarrollan su trabajo. “Si en este país no colapsaron los hospitales no solo fue por un sistema de protección que es bueno, sino también porque miles de mujeres inmigrantes quedaron durante la pandemia semisecuestradas con sus empleadores, algo que nadie ha visibilizado”. Carrizo aborda un tercera cuestión. “Cuando se dice que nadie va a quedar atrás, se está dando por supuesto que miles de mujeres no van a tener acceso a un ingreso mínimo, ni RGI, ni nada, porque no se les reconoce su condición de trabajadoras ni de personal esencial”.

SIN RESIDENCIA Es una cuestión sobre la que ya alertó Cáritas hace unos días en la presentación de su memoria anual. Entidades sociales muestran su preocupación por el desamparo económico en el que están quedando tantas personas extranjeras que han acabado llamando a sus puertas. Una encuesta realizada por la organización Malen Etxea durante la pandemia revela que, al menos en la zona del Urola, el 57% de las mujeres inmigrantes no tiene tarjeta de residencia, el 45,3% llegó a Gipuzkoa hace menos de dos años y el 14% lo ha hecho durante los últimos meses. Son porcentajes demoledores. A pesar de esa idea tan extendida, para cobrar la RGI es preciso acreditar una estancia de tres años, por lo que no tienen opción a cobro alguno. “La situación de crisis que deja el COVID arroja a todas estas mujeres a las garras del capitalismo más salvaje, ya sea explotación laboral en el trabajo doméstico, o con fines sexuales”.

Según esta misma encuesta realizada a 300 inmigrantes, el 50% de no tiene empleo. “Sin papeles y sin recursos, en esta situación tan bestial de crisis en la que estamos, estas mujeres viven al albur de una sociedad que no distingue entre un trabajo de economía sumergida y otro en el que se vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Y es así cómo pierden la libertad. ¿Qué sociedad puede llamarse como tal cuando permite que una mujer trabaje 24 horas sin descanso, con un salario que si lo divides por el tiempo de dedicación supone dos euros la hora? No hay sociedad que pueda llamarse justa cuando tenemos a mujeres trabajando en estas condiciones”.

El empleo en el servicio doméstico que se ha perdido durante la pandemia no se ha recuperado, y las pocas ofertas que encuentran son “bajo condiciones miserables”. “En Gipuzkoa se está ofreciendo trabajos prácticamente de esclavitud. Disponibilidad las 24 horas del día en una casa con derecho a comida y un salario ínfimo. Me da hasta vergüenza decirlo. No me gusta hablar de cifras porque encima parece que das ideas. Lo único que puedo decir es que la condición de miserable es de quien ofrece, y no de quien acepta”.

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