Fueron las lágrimas de un político italiano más comentadas de los últimos años. Teresa Bellanova, ministra de Agricultura, no pudo contener la emoción cuando, el pasado 13 de mayo, informó del nuevo decreto aprobado por el Gobierno para regularizar de manera temporal a los inmigrantes que se encuentran en situación ilegal trabajando en la agricultura, la ganadería y el servicio doméstico. «Los invisibles, brutalmente explotados en el campo o en familias» podrían así «acceder a un permiso de trabajo y reconquistar su dignidad e identidad», comentó Bellanova, que en su juventud trabajó como jornalera agrícola. Cuando ha pasado ya más de un mes y medio desde el anuncio de aquella medida, sus resultados están siendo decepcionantes y no consiguen apenas reducir el drama del trabajo clandestino.

Hasta el 15 de junio, la fecha más reciente de la que se tienen datos, se habían presentado 32.000 solicitudes de regularización. Una inmensa mayoría de ellas (91%) eran relativas al servicio doméstico, mientras que apenas se registran solicitudes para los empleados del campo. Aunque el Gobierno ha ampliado el plazo de presentación desde el 15 de julio, como estaba previsto inicialmente, hasta el 15 de agosto, el decreto parece destinado al fracaso. Diversas estimaciones calculaban que podían ser al menos 200.000 los extranjeros que se beneficiaran de esta medida que, entre otros objetivos, pretendía garantizar la recogida de las cosechas ante la dificultad para que llegaran al país empleados provenientes de los países de Europa oriental debido al coronavirus.

«Es un fracaso preanunciado», comenta Aboubakar Soumahoro, respresentante de los jornaleros agrícolas del sindicato USB. «En el campo no faltan brazos, lo que falta es dignidad. En teoría se trabaja como máximo 6 horas y media por 50 euros al día, pero muchas veces recibes sólo la mitad de se dinero y la jornada es de 10 ó 12 horas. Las empresas agrícolas, además, declaran sólo 6 días por cada 20 ó 25 trabajados, por lo que luego no llegas al mínimo para poder cobrar el desempleo», denuncia este activista. Advierte además de las durísimas condiciones de vida de los poblados donde residen muchos trabajadores del campo extranjeros. «Falta de todo. No hay agua corriente para poder beber o lavarse. La mascarilla es un lujo, como también ocurre con la distancia social».

El fracaso de la regularización de los inmigrantes se debe en buena parte al precio que las administraciones públicas han puesto al proceso. Si quien hace la solicitud es el empleador, tiene que pagar 500 euros, que se reducen a 160 euros si en cambio la presenta el directo interesado. Son por ello los inmigrantes los que, de forma mayoritaria, inician los trámites. Se trata de una situación no exenta de riesgos, pues algunos empleadores amenazan con despedir al inmigrante que trabaja para ellos si sigue adelante con la regularización. No quieren renunciar a las facilidades para la explotación laboral que brinda la situación ilegal del extranjero.

Soumahoro se encadenó hace unos días frente al edificio donde se encontraba el primer ministro, Giuseppe Conte, para intentar que lo recibiera. Logró su objetivo y en la conversación que mantuvieron, le planteó la necesidad de aprobar un permiso de residencia para los inmigrantes extraordinario con motivo de la pandemia y no sólo ligado a la situación laboral. El jefe del Ejecutivo fue poco receptivo con ese demanda, aunque reaccionó mejor ante la idea de poner en marcha una suerte de carné de los alimentos que garantice las condiciones éticas con que se han producido.

«Dijo que era una buena idea», asegura este sindicalista que nació en Costa de Marfil y emigró cuando era joven a Italia, donde ha compaginado diversos trabajos con los estudios, logrando licenciarse en sociología. «Hace falta intervenir en toda la cadena productiva de la agricultura, porque la situación es dramática. Hay unas condiciones de privación y de limitación de la libertad de las personas que pueden ser consideradas como nuevas esclavitudes y que no encuentran una respuesta por parte de las instituciones». Esta explotación, advierte Soumahoro, no sólo afecta a los trabajadores extranjeros pues también la sufren muchas mujeres italianas que se ganan la vida como braceras en el campo. Lo sabe bien la ministra Bellanova, como testimoniaron aquellas lágrimas cuando anunció el decreto.