Estos últimos meses han sido extraños en todos los ámbitos de nuestra sociedad, y las migraciones no han sido una excepción. En primer lugar, las migraciones han perdido protagonismo en el debate social, mediático y político. Desde el pico de atención vivido en 2018 con el incremento de llegadas por la Frontera Sur y los exabruptos de la ultraderecha durante la última campaña electoral, el fenómeno migratorio ha pasado ciertamente a un segundo plano. Sin embargo, fuera del foco principal de la atención pública han tenido lugar algunos acontecimientos sobre la materia que merece la pena destacar desde la perspectiva de los derechos humanos.

Hemos presenciado algo que se antojaba imposible hace tan solo unas semanas: los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) españoles vacíos. Las organizaciones sociales llevamos años reivindicando el cierre de estos centros, principalmente por su esencial incompatibilidad con un respecto efectivo de los derechos humanos e incluso con la propia Constitución española, pero también por su ineficacia absoluta. Desde este último punto de vista, entendemos que ha quedado suficientemente acreditado que los CIE son una institución totalmente prescindible, y su supresión definitiva no provocaría ninguna situación de “caos y destrucción”. Por lo anterior, no podemos más que rechazar el proyecto de construcción de un nuevo CIE en Algeciras.

Por otra parte, en países de nuestro entorno como Portugal o Italia se ha producido un notable cambio respecto a los derechos de las personas migrantes de la mano de la pandemia. Mientras hace unos meses el ultra Salvini impulsaba desde el Ministerio del Interior italiano unas salvajes políticas represivas en materia de migraciones, el coronavirus ha hecho posible que se apruebe una regularización de personas extranjeras en situación administrativa irregular sin precedentes. En España se han tomado algunas decisiones en esta línea, pero mucho más tímidas y limitadas, centradas en intentar salvar las campañas agrícolas o paliar las dificultades administrativas vinculadas al estado de alarma en las renovaciones de permisos de residencia. Entendemos que el Estado español puede ser mucho más ambicioso e impulsar una regularización “a la italiana” o “a la portuguesa” que hiciera coincidir la realidad material de las migraciones en nuestro país con la legal, por un parte, y por otra atender a uno de los colectivos que con más crudeza está sufriendo las consecuencias de la pandemia, el de las personas extranjeras en situación irregular. Y, por supuesto, que ello no se entendiera como una solución transitoria de emergencia, sino que supusiera el inicio de un cambio de políticas migratorias y de fronteras donde las vías de acceso legales y seguras y la regularidad administrativa sean la regla y no la excepción.

Esta especial vulnerabilidad de las personas migrantes en situación irregular se ha desvelado con toda crudeza en los asentamientos en zonas rurales de las provincias de Huelva y Almería. Las indignantes circunstancias existentes en ellos antes de la pandemia se vieron agravadas de forma extrema con las medidas vinculadas a la declaración del estado de alarma, con una ausencia total de ingresos y la obligación de permanecer confinadas en lugares sin agua corriente ni saneamientos básicos. Ha habido un abandono institucional absoluto, quedando estas personas exclusivamente en manos de la solidaridad de la ciudadanía y de las organizaciones sociales. Durante estos meses, desde la APDHA hemos realizado una intensa labor denuncia de esta realidad impropia de un Estado que pretenda ostentar los apelativos de democrático, social y de Derecho.

Por último, nos preocupa seriamente que las terribles consecuencias sociales que ya está trayendo la crisis del coronavirus en España reaviven el discurso de “los españoles primero”, promoviendo con ello recortes en recursos que puedan tener como destinatarios a personas migrantes, alentando artificiales “guerras entre pobres”. Nos tememos que mucho de esto hay en el reciente anuncio de la Junta de Andalucía de la supresión de plazas destinadas a la integración de jóvenes migrantes ex – tutelados/as, justificado en las nuevas necesidades generadas por la actual situación, que igualmente ha sido contestado por nuestro colectivo.

Podemos concluir que es el momento de seguir apostando por el camino iniciado en este periodo y eliminar definitivamente elementos tan lesivos para la dignidad humana como los CIE, así como llevar a cabo una regularización que es urgente e imprescindible, y que se ha mostrado viable en Italia, un país tan golpeado por el virus como el nuestro. En la misma línea reclamamos una actuación social inaplazable que no deje en el abandono a las personas migrantes más vulnerables, y cortar de raíz las decisiones políticas y administrativas que puedan alentar el racismo y la xenofobia en un futuro inmediato, que se presenta tan complejo con las profundas consecuencias socioeconómicas que va a dejar la pandemia.

Carlos Arce, coordinador área de Migraciones de la APDHA.