Madrid, 26 may (EFE).- Save the Children ha advertido este martes de que seis de cada diez familias de origen migrante ha perdido temporalmente el empleo por la crisis del coronavirus, y que siete de cada diez ha sufrido un recorte de sueldo de manera temporal.

Estas son algunas de las conclusiones de la investigación que ha realizado la oenegé sobre la situación de las familias de origen migrante durante el confinamiento, un análisis que es “especialmente preocupante” dado que que casi el 30 % de estas familias ha perdido su trabajo de manera permanente y una de cada cinco ha tenido un recorte de sueldo permanente.

El estudio está enmarcado dentro de la campaña #QueNadieQuedeAtrás que la ONG ha lanzado para denunciar “la falta de compromiso político” con las familias en situación de pobreza durante la pandemia y para reclamar al Gobierno y a todos los partidos políticos que actúen para proteger a los colectivos más vulnerables.

Se ha realizado una encuesta “on line” a más de 1.800 niños, niñas y sus familias en toda España para conocer su situación económica o cómo les afecta el cierre de colegios en el confinamiento.

Los resultados muestran que más del 66 % de las familias de origen migrante están en situación de vulnerabilidad, el doble que en el caso de las españolas.

Los hogares con padres de origen migrante se han visto muy afectados por la crisis al concentrarse en ocupaciones sin cualificación, en actividades de la económica informal, en trabajos de temporalidad excesiva o en situaciones de subempleo.

Por eso, según Catalina Perazzo, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de la organización, la crisis ha amplificado aún más las desigualdades que ya existían, puesto que España era el segundo país de la UE con mayor tasa de desempleo entre la población migrante.

Más de la mitad de estos hogares ha tenido que reducir sus gastos en alimentación o retrasar recibos y pagos del alquiler, y la falta de recursos también se refleja en que aproximadamente el 40 % de estas familias ha tenido que pedir ayuda económica a amigos y familiares o pedir alimentos durante el confinamiento, más del doble que en el caso de las españolas.

El tipo de alimentación que siguen las familias migrantes también es peor (20 %) o bastante peor (2,6 %) que antes de la pandemia.

Sobre la educación de los más pequeños, tres de cada diez familias migrantes no tienen acceso a internet o no tienen buenas condiciones de conectividad, y casi un 36 % de estos niños usan el móvil para hacer los deberes pues la mayoría no dispone de ordenador propio.

“La brecha educativa ha crecido. Desde que empezó el confinamiento, la infancia en pobreza tiene mayor riesgo de suspender, repetir curso o incluso dejar su educación”, según Conde.

Save the Children propone que las medidas adoptadas para la recuperación, como la renta mínima o las prestaciones por hijo a cargo, incluyan a todos los hogares en situación de vulnerabilidad, independientemente de su situación administrativa.

El requisito que ve necesario sería el de estar empadronado o tener residencia efectiva durante un mínimo de 12 meses.

La organización considera importante la adopción y financiación de un nuevo Plan Estratégico de Ciudadanía e Inmigración (PECI) para la reincorporación al mercado laboral de las personas de origen migrante que se han quedado sin empleo, incluyendo medidas de apoyo para jóvenes extutelados.

También propone medidas para el reconocimiento de un permiso de residencia y trabajo a través de contrataciones en los sectores esenciales, lo que contribuiría a paliar los efectos de esta crisis en los hogares migrantes.