Granada, 25 may (EFE).- La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha pedido al Defensor del Pueblo Andaluz que inicie actuaciones para aclarar la situación de los inmigrantes argelinos llegados en pateras hasta Motril que fueron trasladados anoche desde esta localidad hasta Granada, que acoge a parte de ellos en un pabellón.

Según el escrito presentado por APDHA, al que ha tenido acceso Efe, 49 de las 65 personas llegadas la semana pasada en varias pateras fueron recolocadas en diferentes entidades, una vez transcurridas las 72 horas máximas de detención en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Motril.

La asociación ha detallado que, sin embargo, un total de 16 personas restantes, 17 según la Subdelegación del Gobierno y los Ayuntamientos de Motril y Granada, al no haber sido reasignadas por parte de la Administración General del Estado a ninguna alternativa habitacional fueron transportadas hasta la Subdelegación.

Allí fueron “dejados en situación de calle” sobre las 12 de la noche y un grupo de voluntarios de la APDHA, Médicos del Mundo y una edil de Podemos-IU acudieron a la Subdelegación y acompañaron luego al grupo de inmigrantes hasta la plaza del Carmen, donde se ubica el Ayuntamiento, mientras que 3 de los 16 decidieron “irse por su cuenta”, según fuentes de la asociación.

Este colectivo recuerda en su escrito ante el Defensor del Pueblo Andaluz que durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 las personas procedentes del extranjero deben guardar cuarentena los 14 días siguientes a su llegada.

La APDHA ha denunciado que, desde esta mañana, la puerta del pabellón Paquillo Fernández donde se encuentran 13 de los inmigrantes trasladados desde Motril está siendo custodiada “sin que se haya permitido el acceso a uno de los voluntarios de la entidad para introducir comida”.

“Han puesto un candado en la puerta del recinto (…) Tampoco dejan salir a las personas que se encuentran en el interior del recinto, sin que exista orden de detención alguna”, ha expuesto la asociación, que ha pedido a la Subdelegación que habilite “de inmediato” un espacio adecuado para que estas personas “no vean vulnerado su derecho a la asistencia sanitaria, sin que dicho espacio pueda ser un centro de detención”.

La APDHA ha solicitado al Defensor que inicie actuaciones ante estos hechos y que, en todo caso, recomiende a la Subdelegación a buscar una alternativa habitacional a las personas afectadas.

También que recomiende a la Secretaría de Estado de Migraciones buscar alternativas habitacionales suficientes en espacios “de no detención”, así como establecer protocolos de coordinación entre las distintas administraciones territoriales implicadas en esta materia.

Por otra parte, a esas criticas se ha sumado también el PP que, a través de un comunicado, ha exigido el cese de la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López, por su “incapacidad” para establecer un protocolo eficaz de acogida de inmigrantes acorde a la actual situación sanitaria.

Carlos Rojas, diputado nacional del PP por Granada, ha recordado que ya habían pedido a López que “se anticipase” para que una posible acogida de inmigrantes se efectuase “con todas las garantías”, y ha lamentado que el Ejecutivo central haya hecho “caso omiso” cuando se advirtió de la necesidad de contar con EPI, test y material sanitario e instalaciones suficientes y adecuados.